por Marta Apablaza, periodista Prensa U. de Chile*
En 2018, Chile impulsó junto a Costa Rica, el Acuerdo de Escazú. Este último tiene por objetivo entregar transparencia y eficacia a la defensa del medio ambiente en Latinoamérica y el Caribe.
En este contexto y a pocos días de que finalice el plazo para firmar el tratado internacional, las autoridades del Ministerio de Medioambiente y de Relaciones Exteriores del actual gobierno chileno expresaron su negativa a firmar el acuerdo internacional ante la mirada atónita de activistas y organizaciones internacionales que defienden el medio ambiente.
¿Cuánto afecta a nivel de política exterior y a nivel país esta decisión?
Esto es lo que analizan los académicos Valentina Durán y Juan Gabriel Valdés, y la estudiante Loreto Paillacar
Un Estado que se contradice
Valentina Duran, académica de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, sostiene que sí como país, Chile no está dispuesto a asumir la agenda transformadora del Acuerdo de Escazú, el Estado de Chile está incurriendo en “una grave contradicción”.
“Chile ha sido conminado por la OCDE -en su evaluación de diseño ambiental realizada en 2016- a entregar acceso a sus ciudadanos, respecto a información en materia medioambiental”, indica Durán. Y agrega: “si bien, como país, en materia medio ambiental mostrábamos avances, todavía nos falta mucho. Sobre todo a la hora de proporcionar información adecuada para la gestión de los recursos hídricos y contaminación del aire además de avanzar en mayor garantía al acceso a la justicia ambiental”.
Por su parte, Loreto Paillacar Silva, estudiante de Periodismo de la U. de Chile e integrante de la Secretaría de Ecología y Medioambiente (SECMA FECh), destaca la contradicción en la que incurre el Estado de Chile al no firmar el acuerdo, pues olvidan que los derechos medioambientales son también Derechos Humanos, es decir, son inalienables.
“Que no se vea que los Derechos Humanos están ligados al medioambiente, demuestra una vez más el completo desconocimiento de los tratados ya firmados y ratificados por Chile, donde se encuentran derechos tales como el derecho a la vida y la salud”, detalla.
Situación en la que académica Valentina Durán profundiza: “la negativa a firmar el Acuerdo de Escazú abre la pregunta de si Chile está comprometido en acciones de cooperación respecto a Derechos Humanos en asuntos ambientales o al contrario, tiene una mirada cortoplacista en que entiende que la participación del medio ambiente y los Derechos Humanos son barreras al desarrollo”.
Cae la imagen país y se abre un incierto futuro
Juan Gabriel Valdés, director de Desarrollo Estratégico y Relaciones Institucionales de la Universidad de Chile, sostiene que Chile no solo demuestra una falta de interés hacia la protección de los Derechos Humanos sino que también ve dañada su imagen internacional. Al mismo tiempo, el ex diplomático desarma los argumentos enarbolados por el actual gobierno de Chile para no firmar el acuerdo.
“Aquellos que sostienen que Chile no puede cambiar sus normativas internas para firmar el Acuerdo de Escazú, entregan argumentos falaces. En el pasado, Chile ha suscrito una serie de acuerdos no sólo medioambientales sino también comerciales en los cuales ha modificado su legislación interna y por lo tanto ese argumento no tiene ningún valor”, indica.
También, añade Valdés, “se levanta el argumento de que Chile ya tiene incorporado las medidas medioambientales requeridas por el Acuerdo de Escazú”. Este argumento, indica, “también es falaz, pues demuestra no entender la importancia de las instancias multilaterales en temas tan importantes como la defensa del medioambiente. Lo multilateral genera fuerza y dinámicas propias, características muy importantes en medio de la crisis medioambiental que vive la humanidad”.
Con todo, la negativa a firmar el Acuerdo de Escazú genera desazón y abre las puertas a un escenario incierto a los defensores del medio ambiente.
“Es el mismo escenario que se ha tenido durante décadas: defensores de la Tierra en riesgo por intereses económicos que benefician a unos pocos. Sin embargo, también nos convoca a la unión y articulación de las diversas organizaciones y territorios para trabajar de manera coordinada frente a las demandas que nos movilizan”, finaliza Paillacar.
*fuente: Prensa U. Chile
TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR
