En el marco de la crisis climática y de informes de organismos internacionales que advierten que el futuro de la naturaleza en La Tierra está perdido, el proyecto minero Dominga fue aprobado por la Comisión de Evaluación Ambiental de Coquimbo (Coeva). ¿Cómo pudo volver a ser tramitado un proyecto que fue rechazado por el potencial impacto climático que conlleva? Sigue leyendo para ver las respuestas a esta y más preguntas en palabras de un economista, pero también las de un abogado que trabaja en el caso.
Días después de la publicación del informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), que advertía que los efectos del cambio climático son irreversibles, la Comisión de Evaluación Ambiental de Coquimbo (Coeva) aprobó el proyecto minero Dominga con 11 votos a favor y uno en contra. La faena minera sería construida en la comuna de La Higuera, donde se encuentra el 80% de la población mundial del pingüino de Humboldt, según constató Fastcheckcl.
Dominga pertenece a la empresa Andes Iron y dentro de su planificación se encuentra la construcción de un megapuerto para la exportación de sus productos y dos minas a tajo abierto con el fin de extraer concentrados de hierro y cobre.
En 2017 fue rechazado por la Coeva y también por el comité de ministros de ese entonces, debido al potencial daño ambiental que podría traer un proyecto de este calibre en una zona protegida como el Archipiélago de Humboldt. Pero desde entonces, distintas organizaciones ciudadanas han intentado frenar el avance del proyecto sin tener éxito. Fue así como en abril del año pasado el Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta ordenó una nueva votación tras la petición de Andes Iron.
Cuando todo parecía perdido apareció la ONG Oceana, quienes presentaron un recurso para paralizar el avance de Dominga con el argumento de que el proyecto está judicializado. El abogado de la organización no gubernamental, y también director de FIMA, Ezio Costa, advierte que lo sucedido a nivel administrativo y legislativo es grave.
“El gobierno llamó a una nueva votación en paralelo, que es algo que no debería haberse hecho hasta que esté resuelto por la Corte Suprema”, explica Costa, “Primero porque hay una pérdida de recursos públicos y de tiempo por hacer dos procedimientos en paralelo. Pero además porque el hecho de que este gobierno quiera mover de manera acelerada un proyecto que a todas luces genera daños ambientales muy significativos es una señal bien compleja. Es del tipo de proyectos que no queremos que existan en Chile”.
Impacto ambiental y humano
Además de estar ubicado en una zona considerada como un Hope spot (lugar de esperanza en inglés) para los océanos del mundo por la fundación Mission Blue, por la presencia de los pingüinos de Humboldt, el proyecto Dominga podría tener un impacto significativo en la vida de las personas que viven en los sectores aledaños.
“El proyecto tiene un impacto en la vida de las comunidades que habitan en ese territorio y que viven principalmente de la pesca, la marisquería y el turismo, que son todas actividades sustentables en el tiempo y que además tienen una relación bastante armónica con la naturaleza en esas actividades”, sostiene Costa, “a diferencia de la minería, que necesariamente para llevarse a cabo implica destruir el territorio donde están extrayendo los minerales y además tiene riesgos de contaminar cielo, aire, agua y de hacer perder hábitat a las especies que ahí habitan”.
Aquí cabe preguntarse, si tiene impactos negativos potenciales, ¿por qué fue aprobado? Para el economista y director del Centro de Energía y Desarrollo Sustentable UDP, Claudio Huepe, esto tiene sus bases en dos partes: una práctica mundial y el contexto social y político de Chile.
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“Durante mucho tiempo, no solo en Chile, se consideraba que un proyecto de desarrollo económico debía ponderar sus beneficios y sus costos. Bajo algunas circunstancias se puede considerar que la suma de los beneficios supera la de los costos, pero hay ciertos costos que se consideran inaceptables, como aquellos que destruyen ciertas propiedades fundamentales de algunos ecosistemas, algunas especies de fauna, entre otros”, argumenta Huepe.
Sin embargo, el economista señala que esta visión ha ido cambiando conforme la sustentabilidad se expande por el planeta. Pero no en Chile. “Esta manera de ver los problemas no está inscrita en la legislación y requiere un tipo de intervención y planificación mucho más complejo, como circunstancias de diálogo y debate”, destaca. Además, el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) se suma como un obstáculo para poder sortear proyectos de esta envergadura.
Legislación chilena como piedra de tope
“En Chile no hay una manera clara de evaluar los impactos negativos, sino que lo que hacen los evaluadores es ver si eso es mitigable, si todas las medidas se hacen para evitar que eso ocurra y si están los controles adecuados”, señala Huepe, “pero el punto de fondo es qué pasa si por alguna razón que desconocemos no podemos manejar la situación y se termine dañando el ecosistema. Eso no tiene solución en nuestro SEA”.
Para el experto sería necesario generar instancias de planificación colectiva de la actividad económica, donde la ciudadanía pueda pronunciarse más allá de si está o no de acuerdo con un proyecto presentado por privados. “Es la sociedad la que tiene que decidir si asume o no ciertos riesgos”, señala, “nos vemos obligados a elegir entre proyectos que alguien nos propone y si ese proyecto es justamente conflictivo, nos traspasan el problema porque nunca se nos ha preguntado si podemos tener otro tipo de desarrollo económico”.
Por su parte, el director de FIMA, Ezio Costa, agrega que esto también tiene que ver con la visión materialista del bienestar que prima en Chile. “Además del crecimiento económico que traemos heredada de la lógica neoliberal, el gobierno que tenemos sigue pensando que cualquier proyecto mientras tenga inversión es bueno para Chile. Pero la verdad es que no es así: es bueno para sus dueños, pero no para el bien común de las generaciones futuras”.
Siguiendo la misma línea, para el economista Claudio Huepe, el crecimiento económico es lo que ha primado en este proyecto. “La iniciativa privada es la que manda aquí”, afirma. “Lo que domina las decisiones y la creación de la legislación es cómo va a afectar a la actividad económica y básicamente como en Chile está concentrada, por rebote llega a un grupo muy reducido de actores”. Este selecto conjunto se trata de la élite que domina los grandes negocios, ya que, “son además los que tienen los recursos para hacer ese tipo de proyectos”.
“Si la iniciativa privada no quiere esperar 10 años para ver si les aprueban un proyecto, eso no se les puede rebatir en nuestro sistema, puesto que no hay ningún mecanismo para aplicar acciones precautorias”, finaliza Huepe.
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