El llamado caso Penta duró 4 años y terminó de la forma más funesta posible: dejando la sensación de que el país está derechamente corrompido y dando una “clara señal de impunidad”, como dijo el ex fiscal Gajardo, a los delitos que tienen que ver con financiamiento ilegal en la política.
Probablemente recuerdas que los controladores de Penta habían sido formalizados por cohecho y por soborno, usados básicamente para financiar campañas políticas. Probablemente pensaste en algún momento que esto iba a significar que las cosas cambiarían para mejor, que habría fiscalización y transparencia en el turbio mundo de la política.
Pero ya no. Ahora, antes de ayer en audiencia de juicio abreviado (acá un link que explica lo que eso significa, básicamente es aceptar los cargos imputados) del caso Penta, el fiscal Carlos Guerra los re formalizó y quitó esos cargos a Carlos Delano y Carlos Lavín y el ex subsecretario Pablo Wagner. El acuerdo, según explicaron en una muy aclaratoria editorial Mónica Rincón y Daniel Matamala, fue entre la fiscalía y los abogados defensores para evitar que los formalizados deban comparecer en un juicio oral.
Esto, porque gracias a esa negociación, Delano y Lavín, aceptan los nuevos cargos imputados y ahora solo cumplirán 4 años de “presidio remitido” (no es cárcel) y deberán cancelar una multa de 1700 millones por delitos tributarios, que es bastante menos fuerte que la realidad, o al menos de lo que fueron acusados en un primer lugar, que era entregar coimas a autoridades políticas y financiar de forma ilegal campañas políticas. Por ese delito arriesgaban hasta 10 años de cárcel.
Wagner por su parte ahora deberá enfrentar solamente las consecuencias de ser condenado por el delito de enriquecimiento indebido y no de cohecho, por haber aceptado los dineros de Penta mientras era subsecretario del primer gobierno de Piñera.
Según han denunciado varios medios incluyendo la citada editorial, el fiscal Guerra se habría arrancado con los tarros y tomó esa decisión en contra de lo que recomendaba el Consejo de Defensa del Estado y Ciudadano Inteligente. El CDE después acusó de “ilegalidad” lo hecho por el fiscal e intentó que se mantuviera la acusación de cohecho en contra de los controladores de Penta.
Según explicó Rincón, la unidad especializada anti corrupción de la fiscalía también se opuso a lo hecho por Guerra y “recomendó” mantener los cargos por cohecho. Si esto no te suena suficientemente escandaloso debes saber que según el mismo Guerra, el hecho de reconocer el cohecho por parte de los acusados era “algo intransable” para llegar al juicio abreviado. Esto, según dijo Guerra en una entrevista al mismo CNN, porque “no estamos dispuestos aceptar un proceso abreviado si es que ellos no aceptan haber incurrido en el delito de cohecho, por la relevancia que tiene el delito, más allá de la pena, por la relevancia en cuanto al bien jurídico que afecta, que es la probidad pública, por eso es intransable”.
¿Qué fue lo que cambió? se pregunta Rincón. Según el fiscal Guerra, nada, responde. Solo que él “modificó su valoración de los hechos”. Esto significa que pagar 42 millones en cuotas bimensuales a una alta autoridad politica ya no es “cohecho” sino que “aporte económico indebido”.
Un señal, en palabras de Matamala: “Nefasta para la probidad pública”.
Un excelente resumen del caso y sus principales hitos lo puedes ver acá junto a Constanza Santa María en un resumen titulado “El fin del caso Penta”.
Por supuesto todos los micrófonos se fueron donde el ex fiscal Carlos Gajardo, quien lideró la investigación contra Penta durante tres años junto a Pablo Norambuena.
“No puedo entender cómo el fiscal que hace dos años decía que esto era intransable, que hace un año acusa, hoy tenga una opinión en 180 grados distinta”, dijo a CNN. Y continuó: “Esta semana ha llegado a Chile la comisión de la OCDE a examinar al país para determinar cómo ha avanzado en la lucha contra la corrupción. Y lo que le pide al país es que las medidas contra la corrupción sean efectivas, sean proporcionales y disuasivas; y mire con los titulares con los que se encuentra. Esto hace un grave daño reputacional al país en su conjunto pero además a las personas”, agregó.
En esta nota de TVN puedes ver al ex fiscal Gajardo diciendo que la justicia en Chile “acaba de dar una señal de impunidad, que existen dos tipos de justicia y solo se encarcela la pobreza”.
“El fiscal Guerra razonablemente debe tener la aspiración de ser fiscal nacional en el futuro y, por lo tanto, debe estar haciendo el cálculo de que no es conveniente estar enemistado con los políticos, me parece que eso es evidente”, teorizó.
Y bueno, justamente el fiscal nacional Jorge Abbot apoyó al cuestionadísimo fiscal Guerra diciendo que: “Conociendo los antecedentes y estudiando los antecedentes de la investigación, (Guerra) llegó a la íntima convicción de que tenía que reformalizar, y él, dentro de sus atribuciones legales, tomó una decisión a partir de la convicción a la cual él arribó. A mí, como fiscal nacional, lo que me corresponde es respetar las resoluciones que toman los fiscales regionales”.
Y así, mientras la opinión es casi unánime en que el país parece haber dado un salto directo al horno de la corrupción y solo el 15% de la población confía en la Justicia, el Presidente inaugura un monumento al ex Presidente Pedro Aguirre Cerda cuyas placas están escritas en Comic Sans. Esto, que para algunos puede haber sido simplemente una burrada del porte de un transatlántico es leída por otros, más desconfiados, como una cortina de hediondo humo para distraer de lo primero.
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