El estallido social en Chile desde el 18 de octubre del 2019 ha puesto en la opinión pública la precarización de la vida y la representación de esta inseguridad tanto física como simbólica en los hogares, trabajos, instituciones educativas y poblaciones.
por Deyanira Maulén
El estallido se ha manifestado en la crisis del espacio público, donde se han expresado múltiples demandas y conflictos que han ido construyendo incluso el perfil de nuevos espacios bajo la identidad que le ha otorgado la gente en colectivo, como lo fuese la nueva “Plaza de la Dignidad”.
La rebelión en Chile conlleva demandas que han surgido desde distintos sectores y organizaciones sociales, entre ellas, las demandas de feministas y disidencias sexuales, que han estado exigiendo en las calles dignidad y una nueva Constitución política que no sea sin nosotras, convocando a protestas y huelgas generales, además teniendo como antecedente el movimiento feminista universitario conocido como “mayo feminista 2018”, con demandas que reclaman repensar la educación para construir una no sexista, democrática y feminista, además de exigir el cumplimiento de protocolos y políticas de género en las instituciones educativas.
Las demandas de las feministas hoy, están plegadas a poder exigir no solo dignidad, sino la valorización de las mujeres en el rol público y social del cual se nos ha marginado e invisibilizado a lo largo de la historia en Chile, llevando la construcción de nuestras demandas en cabildos feministas por una Nueva Constitución porque incluso en ella no están contemplados los debates respecto a nuestras luchas y propuestas políticas.
¿Por qué? Porque una característica política de los géneros es que el orden de ellos sigue asegurando la dominación y poder. No es casualidad que, incluso cuestionando la democratización de espacios públicos, la salida institucional llamado “Acuerdo por la Paz Social y una Nueva Constitución” que firmó tanto Gobierno como oposición a espaldas de las organizaciones sociales y territoriales se observen solo 3 mujeres firmantes de 11 en total, y que entre las y los 14 miembros de la mesa técnica del proceso constituyente haya solo 5 mujeres.
También ha sido porque, aun con la protesta popular que ha cuestionado las formas de vivir y vincularse con otro/a, la conciencia de tener derechos no ha sido asociado al género, sino más bien a neutralizar la intervención de la política en los distintos ámbitos de la vida cotidiana llamando a una igualdad que no percibe las especificaciones, siendo así homologables, o siendo nuevamente marginadas porque recurrir a derechos específicos que se asocian a nuestro género es visto como competencia y privilegios.
Es por esto que, el estallido social en Chile, que demanda una Nueva Constitución e incluso exige un Estado que no escinda de las esferas de acción social en las que debe intervenir, tiene directa relación con los feminismos, porque el cuestionar nuevas formas de vida y/o comunidad y reclamar democracia en el país, en la casa y en la cama han sido demandas propias de los movimientos feministas desde principios del siglo XX. Hoy, seguimos exigiendo un sistema de seguridad social que reconozca el trabajo doméstico no remunerado y trabajos de cuidado, un sistema nacional de cuidados, el derecho efectivo a una educación gratuita y no sexista bajo un modelo educativo feminista y laico que no sea reproductor de estereotipos ni roles de género, y el derecho al aborto libre y seguro.
Además, se exige justicia y no a la impunidad, debido a las múltiples formas de vulneración a los derechos humanos que ha causado el estado de emergencia impuesto por el Presidente Sebastián Piñera para criminalizar la protesta popular cometidas por instituciones de gobierno y orden público, donde la violencia política y sexual tiene nuevamente la misma imagen: mujeres, disidencias sexuales y pobres.
El último reporte del Instituto de Derechos Humanos en Chile, publicado el 21 de noviembre de 2019, da cuenta de 6.972 personas visitadas en comisarías, mientras que se han registrado 2.535 heridos y heridas en hospitales, de estas 223 tienen heridas oculares. Mientras que, de las acciones judiciales presentadas que en total se registran 462, las que se observan con mayor atención son 74 por violencia sexual y 341 por torturas y tratos crueles.
Es por esto que, se agrega a las demandas la renuncia no tan solo del Presidente Sebastián Piñera sino también de la Ministra Isabel Plá, porque ha sido cómplice por negar la violencia sexual en detenciones de agentes del Estado, refiriéndose a que no han recibido denuncias de “esa naturaleza” en el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, y además, porque Chile siendo firmante de la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer “Convención Belem do Pará”, desde el 15 de diciembre de 1996, ha transgredido como Estado partícipe de la convención, el reconocimiento de respeto irrestricto a los derechos humanos y la afirmación de que la violencia contra la mujer constituye una violación a los derechos humanos y libertades fundamentales, siendo ésta violencia una ofensa a la dignidad humana.
Todas las mujeres contra todas las violencias e impunidad, no más sin nosotras.
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