El informe anual de la ONG corrobora lo que todxs pensábamos sobre la situación democrática en el continente y realiza una lamentable recapitulación de lo que ha estado pasando en Chile.
“La desigualdad, la corrupción, la violencia, la degradación medioambiental, la impunidad y el debilitamiento de las instituciones siguieron siendo una realidad habitual”, comienza el documento de la organización global para referirse a la situación continental en general.
En este informe anual, que fue publicado ayer, la situación en Chile a partir del 18-O ha sido el tema central del país, y calificó el momento que atraviesa como “la peor crisis de derechos humanos desde el régimen de Augusto Pinochet”.
Respecto a este tema, continúa: “Las manifestaciones se encontraron con una fuerte represión por parte de las fuerzas del Estado, que intentaron justificar su uso de violencia contra manifestantes alegando que tales medidas eran necesarias para proteger las infraestructuras y la propiedad privada frente a daños y vandalismo”.
En el documento, se hace énfasis a la falta de avances sustanciales en problemas persistentes como la criminalización del aborto, la impunidad por crímenes en el pasado, la criminalización del pueblo mapuche y la falta de progreso en materia de derechos medioambientales.
Protestas y protocolos policiales deficientes
En marzo de 2019 , antes de que comenzaran las protestas, el gobierno de Piñera publicó protocolos principalmente para hacer frente a las marchas estudiantiles. Implementó, por ejemplo, el control de identidad a menores desde los catorce años y otras medidas que resultaron ser deficientes según quedó demostrado en los últimos meses.
Después del 18 de octubre, Sebastián Piñera declaró estado de emergencia por diez días, desplegando al Ejército a las calles y suspendiendo derechos y libertades. En ese período, hubo un notable alza de abusos por parte de agentes del Estado: 31 personas perdieron la vida, de las cuales al menos cuatro fueron por fuerzas estatales.
Según datos de Fiscalía de Chile, durante los dos primeros meses de protestas hubo:
- Más de 2.500 denuncias por violaciones a los derechos humanos
- Al menos 1.500 de torturas y tratos crueles
- Sobre cien delitos sexuales en manos de funcionarios públicos
De cada cuatro muertes causadas por fuerzas del Estado, al menos una fue en manos de un oficial de Carabineros y tres por miembros del Ejército. Uno de los decesos fue provocado derechamente por armamento militar, en tanto decenas de personas fueron heridas. Además, se denunció haber visto en varias ocasiones a miembros militares utilizar armas letales.
Por el lado policial, Carabineros tuvo un uso constante e inadecuado de armas menos letales. El informe destaca el uso indiscriminado de municiones potencialmente letales de manera “injustificada, generalizada, indiscriminada y, en muchos casos, apuntando a la cabeza”. El número de lesionados oculares registrados supera los 350, principalmente por perdigones disparados con escopetas.
El uso indiscriminado de lacrimógena también llama la atención: se describe su uso como “excesivo e innecesario” y acusan de ser usados en ocasiones contra hospitales, universidades, viviendas e incluso escuelas. Por último, no es posible omitir los atropellos a manifestantes y transeúntes con vehículos policiales, práctica que dejó un muerto en manos de un soldado.
Desde la vereda policial, Carabineros, notifica que a contar del 18-O ha habido más de dos mil oficiales heridos, pero ningún muerto.
Otras cosas que están muy mal
El documento no sólo se refiere a abusos policiales y le llama la atención al Estado de Chile por otras materias de derechos humanos. Acusa al Estado y el gobierno de:
- Promover de impunidad por crímenes en el pasado (específicamente los de lesa humanidad cometidos en dictadura)
- Aplicar juicios injustos contra el pueblo mapuche a través de la Ley Antiterrorista
- Falta de derechos medioambientales, especialmente por proyectos industriales sin consideración a los pueblos indígenas
- La agresión contra defensores de derechos humanos en contextos de protestas, y las amenazas a dirigentes y activistas
- Falta de derechos sexuales reproductivos, especialmente por la objeción de conciencia en el aborto en tres causales
- Necesidad de derechos LGBTI+ por no aprobarse los proyectos de matrimonio y adopción homosexual
- Implementar un proceso de regularización extraordinaria a migrantes que resultó confusa y provocó expulsiones, y negar la solicitud de asilo a refugiados (noun-refoulement).
Más info y el informe completo lo encuentras acá.
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