En la portada de la última edición de la revista Paula, anunciaban el reportaje “Residencias de Protección para Madres Adolescentes”. Sin embargo, no fue publicado debido a una resolución judicial dictada por el Primer Juzgado de Familia de Santiago. La directora del medio Constanza López, manifestó su opinión por medio de una carta titulada “No podemos publicar”, acusando de “censura previa” al reportaje en cuestión.
En la edición 1195 de revista Paula, que se dio a conocer el pasado viernes en su sitio web, se denunció la censura al reportaje que sería publicado el sábado 12 de marzo. Fue una investigación de tres meses que surgió a partir de la discusión del proyecto de ley para despenalizar el aborto en tres causales impulsado por el gobierno.
La periodista Carolina Rojas y su editora, Carola Solari querían conocer e informar la realidad de las menores de edad en estado de vulnerabilidad que resultaban embarazadas. Decidieron investigar las Residencias de Protección para Madres Adolescentes (RPA); existen siete hogares a lo largo de Chile y todos están bajo la administración del Servicio Nacional de Menores (Sename).
Y como bien dice la carta, “en el curso de dicha investigación salieron a la luz, no solo la dura realidad socioeconómica, familiar y de vulneración de sus derechos que viven estas niñas, sino también las crudas condiciones a las que pueden enfrentarse una vez internadas en estas instituciones.”
A todas luces, la resolución del Primer Juzgado de Familia de Santiago fue una acción que pretendía evitar las posibles consecuencias de que esta información tan “cruda” fuese publicada. Me parece tanto más crudo como –desde siempre- el poder económico y político se han coludido para desfavorecernos a todos, ocultando hechos ilícitos e irregulares.
El equipo editorial se encuentra en un proceso en el que recurrirá a las instancias judiciales necesarias que restauren su derecho a informar, de manera de dar a conocer este reportaje a sus lectores. Pero ¿dónde queda la libertad de expresión?
La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado en su jurisprudencia lo siguiente que: “Libertad de expresión es una piedra angular en la existencia misma de una sociedad democrática. Es indispensable para la formación de la opinión pública y para que la comunidad, a la hora de ejercer sus opciones, esté suficientemente informada. Es por eso que, es posible afirmar que una sociedad que no está bien informada, no es plenamente libre. La libertad de expresión es por lo tanto no solo un derecho de los individuos sino de la sociedad misma” .
Tenemos claro que la pega de informarnos de manera objetiva e imparcial es de los medios de comunicación, pero se transforma en un objetivo casi imposible cuando existe una constante interferencia por parte del “poder” (ya sea estatal o de terceros influyentes).
Sobre el RPA
De acuerdo a la publicación de El Dínamo respecto de la censura del reportaje, las cifras oficiales entregadas por el Sename, indican que anualmente nacen alrededor de 40.355 niños cuyas madres tienen entre 15 y 19 años, más un número de 1.175 nacimientos de madres menores de 15 años, y donde un alto porcentaje (74%) corresponde a los quintiles de más bajos ingresos.
Lo anteriormente señalado fue una de las razones para que se implementara el programa “Residencias de Protección para Madres Adolescentes”, que existe desde 2005. A estos hogares llegan jóvenes menores de edad que viven situaciones vulnerables en sus hogares o su entorno y el objetivo principal del Sename es acogerlas y ejercer “las intervenciones necesarias para su bienestar y desarrollo integral en espacios nutricios y formativos, proporcionando un ambiente de afecto y calidez, que incorpore contención y apoyo afectivo”. Sin embargo, de acuerdo a la investigación de la revista Paula, esto no es tan así.
¿A quién protege el Sename?
La directora del medio señaló que el impedimento de publicar esta investigación, además de atentar gravemente contra la libertad de expresión, fue una determinación que tenía como objetivo que esta información no se hiciera pública ni se viera perjudicada la institución responsable.
Por su parte, la periodista autora del reportaje Carolina Rojas, manifestó su indignación a través de su cuenta de Facebook. También acusó la censura por parte del Servicio Nacional de Menores y aseguró que “las niñas internadas allí, están en completo abandono. Ese es nuestro Chile, el que cree que la maternidad es feliz llegue en las condiciones que llegue”.
Ambas coinciden que en un principio la idea era conocer estos centros y su funcionamiento y la respuesta del Estado, enfocándose en los embarazos producto de una violación. “No saben el material que tenemos ni saben a quién entrevistamos; desconocen el contenido del reportaje y aún así nos censuraron” afirmó Carola Solari.
Lo que preocupa a la editora, y al equipo periodístico que participó en esta investigación, es que las internas no tengan programas de apoyo para salir adelante, “ellas están ahí con sus guaguas, y es una sensación de soledad súper grande. Las sacan de sus casas solamente para estar ahí, porque no se corrige el destino que ellas ya tienen trazado por las historias con las que vienen. Por ejemplo, a la niña con la que hablamos le habían pegado sus compañeras en el hogar y las cuidadoras no habían hecho nada. ¿Por qué? por qué no se puede dar a conocer lo que pasa ahí adentro?”.
Tanto para la periodista responsable del reportaje como para el Sename, el argumento de la censura está directamente relacionada a la denuncia de “hechos vulneratorios graves”. Según la institución, “aquí hay un bien mayor, que es la protección de las niñas, de resguardad su seguridad y su integridad” y la investigación de la revista Paula atenta contra la protección infantil.
Por ahora, nos quedamos a la espera de la resolución del nuevo recurso de protección contra la medida que interpuso el medio (el pasado viernes 11 de marzo) para que se les permita publicar el reportaje.
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