Es sin lugar a dudas, uno de los políticos con peor prestigio desde que llegó la democracia hace casi 30 años. Andrés Chadwick -primo de Sebastián Piñera- posee un pasado violento como dirigente universitario en la dicatura de Pinochet, de la cual fue un joven y entusiasta cómplice y su responsabilidad en el asesinato de Camilo Catrillanca es bastante evidente, aunque el insista en su inocencia y hace pucheros cuando le preguntan al respecto, pese a que todo Chile lo pilló mintiendo.
Su salida del gobierno sin embargo, no ha logrado apaciguar el hecho de que tomase la controvertida medida de declarar estado de emergencia. Los militares salieron de sus cuarteles dejando cientos de heridos e imágenes que nadie jamás podrá borrar de su cabeza
Por eso mismo, se prepara una acusación constitucional que se sustenta en su supuesta responsabilidad directa en las graves violaciones a los DD.HH. que ha sufrido el país.
Aparte, otra denuncia fue interpuesta a la Fiscalía Nacional y no tiene mucho que ver con el mundo político.
El sitio FayerWayer publicó un documento en el que el abogado Felipe Vega confirma la denuncia en la Fiscalía Nacional Económica. Efectivamente, Andrés Chadwick se habría reunido con las máximas cabezas de los canales nacionales para instarlos a dar información que favoreciera al gobierno. (Recordemos que hicieron llegar a La Tercera un inverosímil documento que aseguraba que las manifestaciones en Chile eran provocadas por guerrilleros cubanos y venezolanos, luego el diario tuvo que salir a pedir perdón).
“Vengo en denunciar la infracción a la letra a) del inciso segundo del artículo 3° del DL 211, por haberse verificado un acuerdo que involucró a competidores —del tipo Hub & Spoke — y que consistió en la limitación de distintos canales de televisión ( spokes ) de la parrilla programática y contenido, a instancias de la autoridad ( hub ). Se trata, entonces, de una colusión de limitación de producción (“cartel duro”) perpetrada por distintos agentes económicos partícipes en el mercado de televisión abierta como oferentes, y el Ministro del Interior del Estado de Chile (en adelante “Denunciados”), llevada a cabo durante la vigencia de un Estado de Excepción Constitucional declarado por la autoridad.
“Desde el punto de vista del producto, la variable competitiva sobre la que recayó el acuerdo es la producción: contenido programático; y, en este sentido, es un cartel denominado como “cartel duro” (hard core cartel), cuya sanción se rige por la regla per se (siguiendo al modelo estadounidense) o, a lo menos, rige una inversión en la carga probatoria, como ocurre en las restricciones por el objecto (restriction by object) del derecho comunitario europeo”.
“Lo anterior, por cuanto los canales de televisión abierta compiten por el contenido que entregan a la comunidad, por lo que si se aúnan para acordar el mismo, limitándolo, ello es una limitación de la producción en el mercado en que compiten”.
La carta y confirmación de la denuncia viene a pocos días de que se confirmara una reunión entre ejecutivos de televisión y figuras prominentes del gobierno con el supuesto fin de dar una sola imagen al rostro del movimiento que proliferó por todo Chile.
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