Actualmente existe un Decreto Supremo que permite a las fuerzas policiales vigilar y dar por terminada una protesta apenas sospechen de cualquier cosa que pueda ser considerada un arma.
El pasado jueves, alrededor de cien mil personas en diferentes ciudades de Chile salieron a las calles (nuevamente) por el derecho a la educación. La Confech organizó una manifestación para demandar (nuevamente) el fin del lucro en la educación universitaria. Este reclamo histórico se ha visto torpedeado estos días por la resolución del Tribunal Constitucional que revirtió la prohibición del lucro en la educación superior. Además, el rol de la banca en el crédito con aval del Estado vuelve un interés lucrativo y de rentabilidad corporativa el ingreso a una universidad o a otra institución de formación terciaria.
Ese es el hecho de la manifestación. La protesta fue reprimida luego de una serie de enfrentamientos entre Carabineros y manifestantes.
Esto no es novedad. Un grupo se enfrenta a la policía con cierto timing, con lo cual Carabineros inicia la disolución de la marcha; casi siempre a la misma hora, entre 13 y 14 horas, justo al inicio de los noticieros de la sobremesa.
Pueden ser manifestantes de izquierda más dura (contra toda forma de poder) o bien policías infiltrados camuflados entre el estudiantado.
No importa si se trata de un enfrentamiento cierto o de uno falso. Como sea el caso, se trata de un simulacro: dos partes hacen una coreografía de lucha, una alegoría vacía de contenido más allá de la estética, de reafirmar la existencia de dos roles: la policía como garante de la autoridad y de un rebelde (de nuevo, que puede ser cierto o falso) dispuesto a romper dicha autoridad.
Esta coreografía está asegurada por un decreto draconiano: el Decreto Supremo 1086, el cual fue firmado en septiembre de 1983 y que no ha sido derogado ni sustituido durante casi 30 años de gobiernos electos democráticamente. Este decreto tenía un objetivo: limitar el desarrollo de una protesta social en tiempos que la dictadura recibía sus primeras expresiones de rechazo en las calles.
La disolución de las marchas se basa esencialmente en una interpretación del artículo 2F, en donde se indica que las manifestaciones se disolverán en cuanto se verifique que los asistentes sean sorprendidos con “palos, bastones, fierros, herramientas, barras metálicas, cadenas y, en general, cualquier elemento de naturaleza semejante”.
De esta forma, cualquier cosa que la policía considere un arma habilitará la disolución de la manifestación. Es cosa de buscar algo que permita “legalmente” algo que ocasione el fin de una manifestación y la represión posterior.
Esto vuelve la protesta como algo poco amistoso. La represión estudiantil se convierte en un control disciplinario. ¿Por qué? La gente menos dispuesta a adherir a un conflicto no querrá ir a protestar si está en riesgo su integridad física (gente que no esté dispuesta a huir de los efectos de una bomba lacrimógena) o su presunción de inocencia (gente que no esté dispuesta a pasar por un control de identidad o bien de un arresto aleatorio).
Sí. Hay personas más allá de los participantes de las marchas. Sí. Hay personas que se perciben a sí mismas menos empoderadas, menos conscientes de su soberanía. Hay gente que no solo no se ve a sí misma como sujeto poseedor de derechos, sino que ni siquiera conoce los derechos que posee. Hay gente que no sabe cómo dirigirse ante un superior jerárquico porque teme ser denigrada. Hay experiencias de relación con la autoridad alimentadas por la humillación y el desdén. (Les recomiendo leer las reveladoras investigaciones de la socióloga Kathya Araujo a este respecto).
Quienes salen a las calles salen dispuestos a correr ese riesgo, porque conocen las reglas de manifestarse. Y porque asumen el riesgo de este enfrentamiento coreografiado como parte del ejercicio de salir a marchar. Sin embargo, esto vuelve la protesta algo secreto para los demás, algo de nicho. De nuevo, pensemos en la gente que no se siente lo suficientemente empoderada.
¿Qué hace esa gente que teme razonablemente ser vulnerada por Carabineros?
¿Estamos pensando, más que en la protesta, en el derecho a protestar? ¿Es la protesta accesible para todas las personas?
La intendenta de Santiago, Karla Rubilar, ha relativizado el derecho a protestar de los estudiantes universitarios. Este lunes dijo querer “que la gente se pueda manifestar, pero también es cierto que queremos saber por qué se manifiestan (los estudiantes universitarios)”. Con ello, Rubilar subestima el argumento de la demanda, lo pormenoriza. Y no solo eso: además descalifica el hecho de pedir protestar “al tan poco rato de haber hecho una marcha”.
¿Le corresponde a la autoridad hacer juicios de valor de las decisiones soberanas de otras personas? ¿Le corresponde a la intendenta tomar posición en aquellas decisiones? Pedir permiso a la intendencia es un trámite engorroso. La gente no puede quejarse por el puro hecho de quejarse. Debe estar estrictamente organizada y pedir autorización para quejarse, como si la protesta fuera una burocracia. No solamente eso. Si acaso la policía descubriera algo parecido a un arma entre la multitud, tendrá todo el derecho a disolverla.
¿Es eso justo para ser soberanos de nosotros mismos? No.
Más que pensar en cuándo debería ser la próxima marcha, propongo algo mejor. ¿Cómo queremos que sean las próximas marchas? ¿Las queremos jugando a que estamos desafiando el poder en este simulacro de carabineros versus el pueblo? ¿Con tan poco nos conformamos? ¿Tanto nos gusta ese romanticismo de guerra civil cuneta?
¿No sería mejor exigir la derogación de aquel nefasto Decreto Supremo 1086? ¿No sería mejor que el derecho a la protesta esté regulado por ley? ¿No sería mejor que nuestros diputados y senadores discutieran de cara al país cuál es la mejor manera para que nosotros los ciudadanos podamos expresar nuestros puntos de vista, con libertad, sin tener que pedir permiso a la intendencia, con el respaldo incondicional de Carabineros (guiando un trayecto pacífico y organizado), sin Fuerzas Especiales enseñadas a amedrentarnos?
Alguna vez, es necesario dejar de marchar por los derechos que queremos consagrados en nuestras pequeñas luchas diarias. Alguna vez, marchemos por hacer que otros más temerosos puedan sentirse igual de soberanos de sí mismos. Hagamos que una ley les diga que no van a sentirse intimidados por una luma, por un guanaco, por una bomba lacrimógena o por un arresto aleatorio.
Hay chilenos que no quieren jugar a ser héroes de un simulacro corneta.
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