Este domingo 19 de diciembre millones de ciudadanos elegirán a través de las urnas al nuevo presidente de Chile. Al mismo tiempo en que se desarrolle la fiesta de la democracia, miles de personas privadas de la libertad serán excluidas una vez más del proceso, porque ni la ley ni la sociedad les permite participar. En exclusiva, hablamos con uno de ellos y se abre el debate una vez más: ¿Deben o no ejercer su derecho civil?
Ilustración de @pictomono
Cuando ven a un hombre como Carlos (37), la sociedad no mira más allá de su hoja de antecedentes. En época de elecciones presidenciales, la palabra delincuencia se repite como quién recita un credo sin parar. “Se les acabó la fiesta”, “mano dura con los delincuentes”, son algunas de las frases que tanto autoridades como ciudadanos gritan frente a las cámaras y los micrófonos, como si aquellos a quienes llaman delincuentes fueran algo abstracto, una idea que genera rabia y aversión, y no personas de carne y hueso como Carlos.
Sin embargo, no se victimiza ni se justifica por los robos que cometió, porque sabe que si está encerrado es porque tiene que pagar por sus delitos. Su pasado delictivo no lo define, y al contrario de lo que la mayoría piensa, dice, estar tras las rejas no le quita la calidad de sujeto de derecho.
A diferencia de otros reclusos, a Carlos las 24 horas del día se le pasan volando. Es más, a veces le falta tiempo: actualmente trabaja dentro del recinto, y está contento porque por su buena conducta está postulando al Centro de Estudio y Trabajo de su centro penitenciario, lo que le permitirá estudiar y generar ingresos al mismo tiempo, algo que para la mayoría de los presos es un privilegio.
Hace muchos años terminó su enseñanza media y hoy muestra orgulloso los diplomas de los cursos que pudo realizar en línea durante la pandemia. De hecho, uno de ellos es sobre el proceso constituyente, hecho histórico que lo motivó a convertir sus ideales en activismo.
Fue durante el estallido social que Carlos se abanderó por la causa del derecho a sufragio de las personas privadas de libertad. Aunque él no podía salir a protestar sí sentía que sus demandas también estaban en la calle, plasmadas en pancartas y vociferadas a todo pulmón por millones: “Cuando escucho las demandas del estallido social, pienso en que muchas de esas cosas que faltan son las que motivan a la gente a delinquir”, dice.
Con rabia habla del olvido que él y sus compañeros han sufrido por parte del sistema. “Acá veo como pasan los años, van subiendo las penas, y no va bajando el número de gente que llega. Esto es por algo, porque no sirve”, afirma con resignación.
Carlos nunca ha votado. Por muchos años no lo hizo porque “sabía poco”, ya que desde pequeño “se enredó en el mundo delictual” y no le interesaba participar en las urnas. Hoy admite que aunque antes le era indiferente el hacerlo o no, hoy uno de sus mayores anhelos no es la libertad, es poder ejercer su derecho a voto en la próxima elección.
“Jamás pensé en perder mis derechos como ciudadano” dice sobre uno de los procesos políticos y sociales más importantes de la historia de Chile, pero desde la celda en la que lleva años recluido, y en la que tendrá que estar al menos 10 años.
Mientras millones de ciudadanos voten por el próximo presidente del país, Carlos y las más de 45 mil personas que en la actualidad se encuentran sometidas a un régimen penitenciario cerrado (según cifras de Gendarmería actualizadas al 30 de noviembre de 2021), quedarán completamente marginadas del proceso.
A diferencia del derecho a la vida o el de propiedad, la actual Constitución no consagra el derecho a voto a sus ciudadanos. En su artículo número 13, sobre esta materia el texto define que “son ciudadanos los chilenos que hayan cumplido dieciocho años de edad y que no hayan sido condenados a pena aflictiva. La calidad de ciudadano otorga los derechos de sufragio, de optar a cargos de elección popular y los demás que la Constitución o la ley confieran”.
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La Carta Magna menciona con claridad en el artículo n°16, son las condiciones en las que este derecho se pierde. Entre las razones, el texto especifica que quedan inhabilitados para votar las personas acusadas por delitos que merezca pena aflictiva, es decir, superiores a 3 años de presidio. Y según datos de Gendarmería, alrededor de 13 mil personas privadas de libertad no pueden votar a pesar de estar habilitados para hacerlo, sólo por el hecho de estar encerrados.
Matías Walker, abogado y voluntario de la ONG Leasur, organización que desde 2014 “trabaja por el respeto, promoción y defensa de los derechos y dignidad de las personas privadas de libertad”, describe con un ejemplo dramática la gravedad de esta realidad: “En términos de volumen de personas, es como si el día de mañana a la comuna de Mejillones la dejaran sin posibilidad de votar porque no hay ninguna mesa habilitada en el lugar. Imagínate el alboroto que eso podría provocar. Eso mismo ha pasado por décadas en Chile con la población privada de libertad que no tiene la posibilidad de hacer ese escándalo”, agrega.
Carlos no es parte de ese grupo, ya que su condena supera en seis veces el máximo que establece la ley para mantener su derecho cívico. Sin embargo, esto no detiene su deseo de alzar la voz: “Votar significa ser alguien que vale para la sociedad”, señala. “No poder ser libre para opinar y ser escuchado es reprimir, no considerar al otro como alguien igual de importante que tú. Las diferencias entre personas tienen que acabarse”, dice Carlos sobre el por qué de su lucha.
¿Qué te motiva a querer ejercer tu derecho a voto hoy? ¿Por qué crees que es importante?
“Ahora que tengo un poquito más de conocimiento en cuanto al proceso constituyente me motivé a incluirme, a aportar a este país por la unidad de los chilenos. La historia nos ha golpeado fuerte, pero la gente maduró y de los errores hay que aprender.
No vamos a poder ser parte de la sociedad si no nos permiten decidir qué queremos para nuestro país, eso es fundamental, es parte de la democracia, necesitamos que nos permitan votar y que no dejemos de ser ciudadanos por los delitos que cometimos. Por algo pagamos con cárcel, por último que nos dejen enmendar nuestros errores. La estigmatización dura para siempre”
¿Qué es lo que más te preocupa en términos sociales y políticos?
“La invisibilización de las necesidades sociales que se han tenido que convertir en exigencias. Veo que hace 2 años las personas están saliendo a las calles a exigir las cosas mínimas que el Estado debe cubrir, como la salud y la educación”
¿Cuáles crees que son las necesidades más inmediatas de los presos hoy según lo que has vivido?
“Los principales problemas son el abandono y la exclusión. Acá no entregan herramientas, el gobierno no entrega presupuesto para mejoras en los recintos penitenciarios.
Falta acceso a la salud, actualmente hay muy pocos médicos en los hospitales de los recintos, aquí hay enfermedades que ni siquiera existen en la calle. Tampoco existen derechos laborales, quieren que trabajemos pero somos nosotros los que a través del esfuerzo de nuestras familias, tenemos que conseguirnos los materiales.
Creo que como sociedad lo más importante es respetar los Derechos Humanos, reconocer en el otro a una persona que vale lo mismo que tú, que debe tener las mismas posibilidades. Todos tenemos que aprender eso, los que estamos acá y los que están afuera”
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Patrocinados por la ONG Asociación Pensamiento Penal, 147 reclusos del Centro Cumplimiento Penitenciario Colina II presentaron este año un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones ya que a pesar de cumplir con los requisitos legales para votar en el plebiscito de octubre de 2020, “no se les garantizaron las condiciones para hacer efectivo el derecho a sufragio”.
Aunque en junio pasado la moción fue rechazada por este tribunal, el 10 de noviembre la Corte Suprema dictó una sentencia inédita y declaró como “ilegal” el actuar del Servicio Electoral y Gendarmería. Por lo mismo, el tribunal concluyó que ambos organismos vulneraron “la garantía de igualdad de trato” de los 147 reclusos de Colina II.
A través de un comunicado publicado en su sitio web, el Servicio Electoral expresó tajantemente que esta institución “no impide el voto de los privados de libertad”. En cambio, según la declaración oficial, “es el procedimiento legal el que obliga la concurrencia de estos electores al local y mesa de votación que les corresponde”, lo que además se sumaría al hecho de que Gendarmería, “no puede efectuar los traslados en condiciones de seguridad”.
Gendarmería por su parte, afirmó que “su total compromiso para ponerse a disposición del Servel y trabajar conjuntamente en posibilitar el derecho a sufragio de las personas privadas de libertad”, ya que según su versión, este es restringido “sólo en conformidad a lo establecido en nuestra Constitución”. Si ni el Servicio Electoral ni Gendarmería pueden garantizar este derecho humano básico, ¿quién?
“El tema efectivamente se ha ido pimponeando entre estas dos instituciones”, explica Agustín Walker. Ambas vulneran los derechos de la población penal, declara, ya sea “no instalándoles las mesas para ejercer el sufragio o no llevándolos al vocal de votación que les corresponde. Esto es una especie de ostracismo del siglo XXI”, agrega el abogado.
Según un informe publicado en septiembre de 2020 por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos llamado Sufragio de personas privadas de libertad: Antecedentes, diagnósticos y diseño de proyecto, la alternativa con “menos impacto legislativo” que permitiría restablecer los derechos cívicos de los reclusos, sería el voto por correspondencia.
No obstante, el mismo organismo advierte que para llevarlo a cabo se tendrían que modificar cinco leyes. Tres de ellas corresponden a leyes de Orgánica Constitucional que para ser aprobadas, deben contar con un quórum de cuatro séptimos en el Congreso: 89 diputados (de un total de 155), y 29 senadores (de un total de 50).
“Hay que avanzar en que el único derecho afectado de las personas privadas de libertad, sea la posibilidad de desplazarse libremente sin despojar la ciudadanía. Y en eso la convención constituyente tiene mucho que decir”, manifiesta Walker.
A punta de conversaciones entre compañeros, libros que han podido conseguir en las encomiendas que envían amigos y familiares, y folletos de organizaciones que velan por sus derechos, es que Carlos y el resto de los reclusos que lo acompañan han podido informarse del proceso constituyente: “A veces la gente piensa que acá no hacemos nada y eso no es cierto. Tenemos muy poco, pero estamos aprendiendo y formando comunidad”, aclara. No pudieron votar para el plebiscito, pero habrían querido hacerlo porque saben que la oportunidad de tener una nueva Constitución, podría abrirles un mundo nuevo.
¿Cómo te has ido involucrando tú también en estos procesos históricos que Chile ha vivido en los últimos años?
“En cuanto a todo este proceso he leído e investigado. Hasta un curso de la Universidad de Chile pude hacer, todo con el fin de aportar en la conversación y aclarar las dudas de la gente que sólo se lleva por los comentarios de terceros sobre nosotros.
También me he dado cuenta que al menos desde la Convención Constitucional ha habido cierto deseo de visibilizarnos y escucharnos, pero esto no es suficiente si se queda sólo en palabras. Por acá a veces uno ve autoridades u otras personas importantes, pero los cambios reales no se dan, pasa el tiempo y seguimos igual.
Espero que este proceso sea distinto, espero poder votar en el plebiscito de salida y también participar en los plebiscitos dirimentes (que son los que hacen consultas ciudadanas en ciertos casos). Ojalá que acá llegue la información, que no nos dejen botados o que después digan que no sabemos lo que hablamos, acá no podemos salir a buscar la información así que estamos esperando la voluntad real de quienes ahora están escribiendo nuestra nueva Constitución.
¿Qué te gustaría que los candidatos a la presidencia hicieran por las personas privadas de libertad?
Nosotros acá podemos hacer poco, somos invisibles para todo el mundo y nuestras familias también. Por eso me gustaría ver que los candidatos propusieran soluciones de verdad, que en vez de seguir condenandonos, nos tomaran en cuenta. Por ejemplo, necesitamos una ley que tenga jueces especializados en cumplimiento de condena y que nos permitan participar de la sociedad a través del voto.
—Si pudieras votar este domingo 19 de diciembre, ¿por quién votarías y por qué?
Sería loco, pero la tengo clarísima: por Gabriel Boric. El otro candidato dice que hay que seguir encarcelando gente, y eso no disminuye los delitos. Boric propone políticas públicas que mi familia y mis hijos necesitan, porque desde acá no puedo hacer mucho por ellos. Él tiene una mentalidad fresca y renovada. Eso puede hacerle bien al país, y creo que los cambios son siempre para mejor.
Kast no cree que los Derechos Humanos existan y si no fuera porque hay organizaciones que se preocupan de levantar los problemas que suceden aquí, quizás cómo estaríamos. A él le da lo mismo la pobreza, no quiere soltar sus privilegios y un país no puede funcionar en las manos de los mismos. Hay personas como Kast que creen que el crecimiento económico sólo sucederá bajando impuestos, y yo creo que existirá cuando todos tengamos la misma posibilidad de estudiar, trabajar y surgir. Por eso, yo votaría por Boric. Confío en que él va a cambiar las cosas”
Cuando se juntan a tomar once al final del día, Carlos y sus compañeros conversan de lo que está pasando afuera, incluyendo la política. Como él, hay varios que también están luchando por restablecer su derecho a sufragio, aunque admite que muchos ya están cansados de que no los escuchen .“Yo los entiendo, es difícil seguir creyendo que habrán cambios cuando vemos que todo sigue igual. Pero mientras esté la vida, hay esperanza”, afirma con optimismo.
Él tiene claro el diagnóstico, y sabe que gran parte de la responsabilidad está en la falta de educación dentro y fuera de los recintos penitenciarios: “Creo que la educación cívica en Chile tiene muchas carencias, acá no nos enseñan sobre lo que significan las políticas públicas, de lo importante que es ser representado porque eso es lo mejor para todos. Uno ve que hay poca participación y acá adentro es peor. Pareciera que da lo mismo lo que pensemos porque no van a considerar nuestra opinión”.
La reinserción tiene mucho que ver con las segundas oportunidades, pero a los más de 40 mil hombres y mujeres que como Carlos pasan años en un celda pagando por sus delitos, muchas veces el sistema no les ha dado ninguna. Pero eso podría cambiar, o al menos es su deseo más profundo.
“Así como le creen a los políticos que han tenido problemas judiciales y aún así vuelven a ser electos, luchamos y creemos en Dios que se darán las cosas”.
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