La denuncia fue interpuesta en enero del año pasado en Argentina. Una joven acudió a la justicia para revelar que, en septiembre del año 2012 y cuando tenía 16 años, fue violada por un grupo de hombres en una casa de la “Playa Unión, un balneario de la ciudad de Rawson.
“A poco tiempo de llegar, perdí la consciencia y es ahí cuando una de mis amigas me encontró en una habitación siendo abusada por un grupo de cuatro varones”, relató.
Gracias a la acción de organizaciones feministas y una publicación en redes sociales titulada “La Manada de Chubut”, el caso adquirió connotación pública a nivel nacional y finalmente la justicia trasandina estaría próxima a concluir su investigación y entregar un veredicto.
El tema que ha generado rabia y controversia es la decisión del fiscal Fernando Rivarola, de llegar a un acuerdo con los imputados, quienes tras aceptar parte de la culpa, algunos de ellos, obtendrían el beneficio de una pena menor, que no considera cárcel.
Los acusados son Ezequiel Quintana, Leandro Del Villar y Luciano Mallemaci. Los otros dos involucrados, R.V. y T.S. fueron sobreseídos por ser menores de edad al momento de los hechos.
La razón de tan cuestionada decisión sería la “falta de pruebas en el expediente” y la dificultad de probar una violación 7 años después de ocurrida.
Otra razón que se dió según reportaron medios argentinos, “la víctima no quiere afrontar un juicio y exponerse”.
La tesis que parece tomar más fuerza con el paso de las horas es que los agresores serían hijos de importantes empresarios de la zona.
Esto no es lo que ha causado una tremenda controversia, sino la filtración de cómo se llegó a la idea del juicio abreviado.
Sin en un comienzo, los cinco, fueron imputados de “abuso sexual gravemente ultrajante con acceso carnal agravado por la participación de dos o más personas”, finalmente se llevó la definición de “abuso sexual simple, agravado por la participación de dos o más personas”.
La razón de la controversia nacional fue la filtración de que en el texto que busca pedir un juicio abreviado, el fiscal se refiere a la violación en grupo como “accionar doloso de desahogo sexual” lo que para buena parte de la ciudadania fue interpretado como si los agresores estuvieran dando rienda suelta a una “necesidad biológica” y no cometiendo un crimen atroz. Y esto en el contexto de que se solicita una pena menor, encendió la rabia.
A través de un comunicado, la fiscalía explicó que sus dichos habían sido “sacados de contexto”:
“Recientemente trascendió una frase atribuida al fiscal Fernando Rivarola, cambiando el sentido de los términos, sacados de contexto, sobreexponiendo a la víctima y poniendo en riesgo aspectos cruciales del proceso penal.
En palabras simples, el abuso sexual es justamente un conducta que busca el desahogo sexual del autor sabiendo que lo hace sin el consentimiento de la víctima, que va a cometer una ataque sexual, que se trata de un delito y, consciente de ellos, avanza sin consideración del daño que va a provocar en esta. Eso es dolo. Por eso, en el contexto de una exposición, el uso de la frase desahogo sexual doloso, resume lo que escribimos en varios renglones al comienzo de este párrafo, fundamentalmente si se hubiera utilizado en el contexto de audiencias o escritos reservados a los que solo debieran acceder profesionales del derecho que conocen el alcance el término dolo”.
Sin embargo la explicación no fue para nadie satisfactoria.
La más enfática en repudiar los dichos fue la titular de la Asesoría General Tutelar, Yael Bendel, quien se refirió en Pagina 12 así al caso: “Utilizar la frase ‘desahogo sexual’ da cuenta de la falta de perspectiva de género y de infancia que tiene el fiscal Fernando Rivarola, que debería rectificarse inmediatamente”.
Agregó que debería evaluarse si el fiscal Rivarola “es idóneo para perseguir delitos tan aberrantes como es el abuso sexual contra niñas, niños y adolescentes. Esta violación que está a punto de quedar impune o sancionada como un hecho menor es un delito que tiene una pena tipificada en el Código Penal con un máximo de 15 años, pudiendo elevarse a 20 años por la participación de dos o más personas u otros agravantes”.
“Es indignante que en una fecha como hoy, en la que se conmemoran cinco años de la marcha por #NiUnaMenos, tengamos que escuchar de quiénes tienen que impartir justicia frases tan retrógradas y violatorias de los derechos humanos”, cerró.
TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR
