En medio del desastre ambiental en Quintero y Puchuncaví, se comunicó la decisión del uso de tronaduras para extraer carbón de la Mina Invierno en la región de Magallanes.
Al término del segundo periodo presidencial de Michelle Bachelet, las conclusiones desglosadas tanto por estadistas como por la opinión pública destacaban los esfuerzos del gobierno anterior por resaltar y promover leyes proteccionistas respecto a la agenda medioambiental. Sin embargo y tan solo un año después, la situación supone un panorama contradictorio que cambia completamente la percepción que tenemos sobre el trato con que las empresas sustraen los recursos naturales de Chile y cómo esto afecta a la población donde se encuentran estos yacimientos.
Y es que a menos de un día de que se decretase alerta sanitaria en Quintero y Puchuncaví luego de la intoxicación masiva de sus habitantes en lo que fue calificado por Greenpeace como “el Chernóbil chileno”, el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) aprobó dar continuidad al uso de tronaduras para extraer carbón de la mina Invierno ubicada en la región de Magallanes.
Diferentes organizaciones se pronunciaron al respecto afirmando que la decisión contradecía la política de avanzar hacia el uso de energías renovables. Sin embargo, el gobierno justifica la decisión asegurando que el 90% de la fuerza laboral de la mina corresponde a ciudadanos de la región convirtiéndose en una importante fuente de trabajo para la zona.
“La comunidad y los trabajadores magallánicos – que corresponden a un 90% de la mano de obra de la mina- sin duda sabrán apreciar el valor de esta decisión, que permitirá que Mina Invierno pueda seguir contribuyendo al desarrollo de Magallanes”, fundamentó la compañía mediante un comunicado de prensa.
Sin embargo, Greenpeace se refirió de forma enfática a la decisión tomando como referencia los sucesos ocurridos en Quintero y cómo este tipo de resoluciones pueden propiciar otra catástrofe medioambiental.
“Dicho de manera simple: el gobierno acaba de subsidiar a una empresa privada para que genere combustibles fósiles a bajo precio y pueda seguir siendo un negocio rentable. Lo más grave es que esta resolución se produce en medio de la crisis ambiental en Quintero y Puchuncaví, donde sus habitantes están siendo intoxicados en parte por el carbón que llega precisamente desde Isla Riesco” señalaron.
¿Acaso esta es la señal de un gobierno que dice favorecer las energías renovables? Es evidente que su credibilidad y compromiso medio ambiental ha quedado seriamente en entredicho. Quedamos a la espera de una explicación razonable por parte de la ministra de Medio Ambiente.
La resolución del SEA aún no es definitiva y se puede apelar ante el Tercer Tribunal Ambiental (Valdivia) y, en última instancia, ante la Corte Suprema. Mientras tanto, 12 estudiantes llegaron hasta los servicios de salud de Quintero por una nueva intoxicación cuando se decretaba la alerta sanitaria que intenta poner fin a la contaminación producto de las industrias adyacentes a la zona.
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