Obreros extranjeros huyendo cerro abajo por uno de los sectores más exclusivos de Santiago dieron cuenta de una situación que se repite de forma sistemática en nuestro país: la explotación de inmigrantes que no pueden denunciar las prácticas inescrupulosas del sector privado debido a su situación de indocumentados.
Sergio Benny Hurtado de 53 años murió luego de caer 10 metros de altura mientras se encontraba trabajando en una obra en el sector de Lo Curro en Vitacura. Hurtado -al igual que sus compañeros- trabajaba sin documentación al día, razón por la que decenas de trabajadores haitianos, colombianos y peruanos que prestaban servicios en el lugar huyeron ante el peligro de una eventual deportación.
Tal como consta la investigación de Ciper Chile, las condiciones laborales de los trabajadores eran paupérrimas: decenas de personas compartían un baño sujeto con tablas y sin puertas; tampoco trabajaban con guantes o cascos; y se les pagaba la suma de 15 mil pesos diarios en efectivo por cada día trabajado.
Pero las condiciones y circunstancias de la muerte de Sergio Hurtado no habrían adquirido notoriedad de no ser por el contexto donde se desarrollaron los hechos: la obra en construcción se trata de la nueva mansión del futbolista Alexis Sánchez.
Los medios han abordado el tema desde la figura del futbolista en lugar de hacer énfasis en la situación laboral de los trabajadores a pesar de que las historias de explotación de extranjeros y trata de personas son cada vez más frecuentes y su publicación no ha evitado que la situación se repita.
Muere un obrero colombiano, sin papeles, contratado en negro por un empresario inmobiliario inescrupuloso que dice que la culpa es del obrero (cuando no tenían ni medidas de seguridad) y lo atribuye a “una mala cueva”, pero la TV chilena le importa esto: pic.twitter.com/NeuIGhlm8R
— Gabriel Alemparte (@jgalemparte) January 30, 2018
La embajada de Estados Unidos declaró el año 2014 a nuestro país como uno de “origen, tránsito, y destino para hombres y mujeres que son objeto de la trata de personas con fines de explotación sexual y trabajo forzado”, demostrando que la situación vivida por Sergio Hurtado no es una excepción a la regla y muchos inmigrantes son víctimas de abusos ante la falta de una legislación que los proteja.
Explotación y pasaportes retenidos
Francisco Javier Errázuriz fue una figura prominente durante los noventa: representó la centro derecha durante las elecciones que devolvieron la democracia al país en 1989 logrando obtener un 15% de las preferencias -equivalente a un millón de votos- y si bien sus aspiraciones políticas le permitieron ser senador entre el periodo 1994-2002, sus prácticas como empresario incluyen investigaciones que van desde el secuestro hasta la trata de personas.
Errázuriz -conocido como Fra Fra- fue acusado de maltrato, tráfico y poner bajo esclavitud a más de 54 inmigrantes paraguayos que realizaban labores agrícolas en terrenos de la región de O’Higgins. Según tres inmigrantes que lograron escapar del lugar, fra fra entrevistaba personalmente a los trabajadores prometiéndoles alojamiento y un buen salario, pero solo los alimentaba una vez al día y obligaba a trabajar durante la noche.
El político llamó a los denunciantes resentidos y flojos cuando se dio a conocer la situación en mayo del 2011. Sin embargo, tras tres años de investigación, Errázuriz fue condenado a pagar más de 112 millones de pesos a los afectados marcando un hito respecto a las resoluciones impuestas por este tipo de delito.
Pero el término del caso significó la apertura de nuevos episodios que involucran explotación de trabajadores y trabajadoras extranjeras. A principios del año 2015, cuatro chicas coreanas denunciaron ser víctimas de prostitución forzada en un local del barrio Bellavista en Providencia.
Engañadas por un trabajo como modelos donde supuestamente recibirían 7 millones de pesos al mes, las chicas eran mantenidas bajo llave en un departamento de Huechuraba por sus empleadores que a su vez retenían sus pasaportes.
“le exigí mi pasaporte de regreso y le manifesté que quería lo antes posible regresar a Corea, ya que lo que me habían ofrecido era muy diferente a lo que estaba sucediendo, pero la mujer me señaló que no sabía nada y que sería imposible para mi volver a Corea porque ella tenía en su poder mi pasaporte, agregando que debía trabajar al menos un mes ahí” señaló una de las afectadas para la Brigada Móvil Metropolitana de la PDI.
La situación no se limita tan solo al comercio sexual en ciudades aglomeradas como Santiago. Un año después de la denuncia realizada por los ciudadanos paraguayos en la región de O’Higgins, se develó el caso de tres mujeres de Indonesia que fueron mantenidas bajo condiciones de esclavitud en casas particulares de Punta Arenas.
Se les prohibía comunicarse o aprender español. Tampoco podían salir del lugar donde trabajaban -ni siquiera en sus días libres- y finalmente tras cinco meses de encierro, una de ellas pudo escapar para realizar la denuncia correspondiente en la Policía de Investigaciones.
De forma reciente, este mes la justicia condenó al dueño del restorán Jewel of India ubicado en Providencia a pagar más de 25 unidades tributarias mensuales por explotación laboral y trata de personas.
Rakesh Bramhanand, mantuvo una decena de trabajadores hindúes viviendo dentro de las mismas dependencias del local bajo condiciones insalubres y con pasaporte retenido.
La situación chilena
El informe realizado por La Mesa Intersectorial de Trata de Personas de los últimos cinco años señala 187 víctimas de trata de esclavitud moderna en Chile. La cifra corresponde en su mayoría a hombres que han sido engañados para realizar trabajos forzados y mujeres que son vendidas al comercio sexual.
Desglosando, estas víctimas corresponden a: 64 bolivianos, 64 paraguayos, 12 argentinos, 12 hindúes, 10 dominicanos, 10 colombianos, 4 peruanos, 4 ecuatorianos, 3 venezolanos, 3 coreanos, 1 uruguayo y un sudafricano.
Nuestro país está lejos de pertenecer al núcleo que concentra el negocio del tráfico de personas en el mundo -actividad ilícita de mayor crecimiento según consta la Organización Internacional del Trabajo- donde de los 21 millones de personas en calidad de esclavitud, un cuarto corresponde a niños.
Develar este tipo de situaciones dentro de la opinión pública es un llamado a generar visibilidad a la situación de miles de inmigrantes que trabajan en condiciones deplorables, aunque el caso de Sergio Hurtado se ha tomado de forma tan burda que hace que nos preguntemos sin mayor análisis qué tipo de gente maneja la información que consumimos hoy en día.
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