Hoy se empieza a debatir en el Senado la modificación del Código Sanitario que podría permitir a las personas que necesiten cultivar con fines medicinales puedan hacerlo sin miedo a irse a la cárcel.
Este lunes comienza un interesante debate en el Senado. Tiene que ver con una modificación al Código Sanitario, que busca permitir el cultivo de cannabis sativa para propósitos medicinales.
Una voz que entró con todo al debate es nada más ni nada menos que Lamberto Cisternas, juez de la Corte Suprema. Cisternas se manifestó completamente a favor de la iniciativa y aseguró que existe una “tendencia a criminalizar las cosas y eso no es bueno para la comunidad”.
El juez compartirá su visión en la Comisión de Salud del Senado. Si la iniciativa se transforma en la Ley de Cultivo Seguro, los pacientes de varias enfermedades podrían tener plantas de cannabis sativa en sus casas sin el miedo de ser perseguidos por la Fiscalía.
“Si alguien quiere seguir una línea de medicina alternativa y tomar algún producto que sea beneficioso, con algún respaldo, por supuesto, de tipo médico o de experiencia, yo creo que debe permitírsele hacerlo”, ha dicho el juez.
“Nosotros como jueces tenemos que generarnos la convicción de que esa persona lo que pretende al cultivar es traficar, pero cuando nos enfrentamos a casos donde queda claro que el propósito es terapéutico, nosotros hemos anulado esas condenas. En esos casos, ha sido claro que se trataba de un consumo personal o con fines medicinales que no caen en el tipo penal que nosotros debemos sancionar”.
Frente a las voces que se oponen al hecho de que personas puedan cultivar marihuana con fines medicinales por el riesgo de que esto pueda ser un paso hacia la legitimización del cultivo con fines recreativos, Cisternas cree que es un riesgo que hay que correr.
“La cannabis, a lo menos, tomada como una medicina de la experiencia produce el resultado de que hay ciertas personas que les ha ido bien, que han aminorado sus dolores, sin recurrir a otras drogas que siendo medicinales son mucho más duras, provocan acostumbramiento y son mucho más caras”, explicó a El Dinamo.
“En alguna medida pareciera que el Estado confiara poco en la capacidad de decisión de las personas. Hay cosas que no se solucionan sancionando”.
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