El Tribunal Oral en lo Penal de San Bernardo decidió, en primera instancia, absolver a Enrique Cáceres y Walter Reinoso, el presidente y el cultivador de La Asociación de Usuarios de Plantas Medicinales Greenlife, quienes mantenían un cultivo de cannabis para uso medicinal colectivo, bajo la figura de club medicinal.
Greenlife se formó el 2016 como un cultivo solidario para usuarios medicinales de cannabis. Fueron allanados el 2017, dejando a muchos sin acceso a la terapia, pues las 401 plantas incautadas fueron destruidas sin esperar el veredicto de culpabilidad. La organización se recuperó y hoy, 10 de enero del 2020, defendieron ante tribunales su derecho a cultivar cannabis sin la necesidad de tener una autorización del SAG.
En abril del 2017, antes de cualquier problema judicial, Greenlife interpuso un Recurso de Amparo Preventivo en la Corte de Apelaciones de San Miguel, donde se presentaron los antecedentes de la Asociación, informando que cultivaban y dispensaban Cannabis para uso medicinal a sus miembros. Luego la Corte Suprema reconoció que estaba en derecho, pero no ordenó investigar y rechazó el recurso porque no consideraba que estuvieran en peligro de una vulneración policial. Sin embargo, en Mayo de ese mismo año, fueron allanados por la policía, tras recibirse una denuncia anónima de una vecina del predio. Su cultivo resultó completamente destruido, y su presidente detenido. Hoy, tras casi tres años de una ardua pelea judicial, finalizó el juicio oral que resultó con una sentencia favorable a la comunidad Greenlife.
Greenlife se trata de una asociación de cultivo colectivo para uso medicinal y privado. Los asociados que la conforman están claramente individualizados, participan en las decisiones del colectivo, y dispensan flores de cannabis con la indicación de su médico tratante, en la cual se establece la dosis y las vías de administración.
“Es deber del Estado garantizar el acceso a la salud, y esta no es la excepción. La finalidad de Greenlife es intentar mejorar la calidad de vida de sus Asociados que usan cannabis para paliar sus dolencias, lo que no afecta al bien jurídico protegido de la ley 20.000, pues estamos frente a un grupo cerrado de personas claramente determinadas, que han decidido voluntariamente, de forma particular y de manera autónoma, participar en este acto” explicó la abogada defensora, Marión Puga.
“Los pacientes pueden acceder a la terapia cannábica a través de fármacos que actualmente son muy costosos y difíciles de conseguir. Las opciones del autocultivo o el cultivo colectivo son mucho más seguras que acudir al mercado negro donde los pacientes están en riesgo permanente. En Greenlife ellos conocen el producto y su calidad, bajo un ambiente seguro y protegido, y eso es un bienestar a la salud pública”, aseguró en su testimonio el Dr. Sergio Sánchez, salubrista y director de la consulta médica cannábica de la fundación Latinoamérica Reforma, quien participó en calidad de testigo en este juicio.
“Esta victoria judicial es la conclusión de un trabajo profesional que iniciamos el 2016, con estrategias legales de todo tipo, buscando el reconocimiento de nuestro derecho fundamental a la auto determinación, siempre con el cuidado de no incurrir en los delitos asociados a la ley 20.000 y amparándonos en lo que la misma legislación determina. Siempre supimos que actuábamos acorde a la ley, y finalmente reinó la sensatez en el poder judicial.” indicó el presidente de Greenlife, Enrique Cáceres.
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