Por otro lado, el Gobierno ingresó una nueva reforma al proyecto de Ley de Educación Superior.
El 3 de julio, por cadena nacional, Michelle Bachelet dio a conocer que habrá gratuidad universal, pero con un pero del porte del Everest: sujeta a las fluctuaciones del mercado. Así lo tuitió el diputado Gabriel Boric:
Si reforma a la educación superior no apunta a reconstrucción de educación pública y mantiene modelo de mercado, mejor q gob ni se moleste.
— Gabriel Boric Font (@GabrielBoric) July 3, 2016
La única forma, señala el documento, es alcanzar un 29,5% del PIB tendencial en ingresos fiscales estructurales.
Por supuesto esto trajo reacciones. Los presidentes de las federaciones de estudiantes han calificado la reforma derechamente de chanta, los economistas se escandalizan de lo imposible que va a ser implementarla monetariamente y la gente volvió a salir a las calles. Sucede que el anuncio implica que la gratuidad universal podría llegar recién en 20 o 30 años. La posición de los estudiantes es que si bien aceptan que su lucha es para las nuevas generaciones, ya han esperado 10 años, y que chutear la pelota prácticamente medio siglo para adelante es poco justo.
Recién se está poniendo en marcha una nueva reforma tributaria y para poder llegar a ese número tendríamos que hacer dos reformas más, para que el país creciera al nivel del 6% del PIB. El problema es que las condiciones económicas nacionales y mundiales no son las mejores, por lo que lograr dichas cifras en un corto plazo es imposible.
“Tendríamos que tener un PIB como el de Japón”, han dicho desde la Confech.
El centro del proyecto es la creación de un Sistema de Educación Superior, que estará integrado por instituciones de Educación Superior y el conjunto de organismos y servicios públicos a los cuales les compete intervenir en la materia. Además, define que las instituciones de Educación Superior son: las universidades, los centros de formación técnica (CFT) y los institutos profesionales (IP).
A continuación te mostramos los puntos más relevantes de lo que será la nueva institucionalidad de la Educación Superior chilena:
Subsecretaría de Educación Superior: Depende directamente del Ministerio de Educación. Este órgano se crea para la elaboración, coordinación, ejecución y evaluación de las políticas de Educación Superior. Contará con una Red de instituciones de Educación Superior estatales, separados en: la división de Educación Universitaria y la división de Educación Técnico Profesional de nivel superior. La Subsecretaría será la que determinará los aranceles (aranceles regulados) de las instituciones que opten por el financiamiento público (acceso a la gratuidad).
También, junto con la Subsecretaría se crean el Sistema Común de Acceso a las Instituciones de Educación Superior, al cual obligatoriamente tienen que pertenecer las instituciones que reciban fondos públicos y que contiene información sobre los procesos de postulación, selección y admisión, y el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior, que contendrá la información de los estudiantes y las instituciones de Educación Superior del Sistema.
Superintendencia de la Educación Superior: Ejercerá una función de fiscalización y supervigilancia de las disposiciones legales y reglamentarias que regulan la Educación Superior, la legalidad del uso de los recursos y la supervisión de la viabilidad financiera de las instituciones de Educación Superior. La Superintendencia podrá cursar infracciones a las instituciones que incumplan las normas.
Cuando la Ley de Inclusión entró en vigencia, cuando llamabas al call center nadie sabía de que se trataba. Y desde su creación, la Superintendencia de Educación ha recibido los reclamos de los papás de niños que han sido echados de colegios, pero no sabemos las sanciones que tienen realmente los establecimientos cuando faltan a la ley. ¿Funciona realmente tener un ente que sapea todo lo malo que hay en la educación?
Formación Técnica Profesional: Cada 5 años se creará una Estrategia Nacional de Formación Técnico Profesional, que desarrollará las políticas a través de una colaboración público-privada, materializada en el Consejo Asesor de Formación Técnico Profesional. Adicional a esto, el Mineduc crea una Unidad de Coordinación de Formación Técnico Profesional.
Es sabido que el universo de alumnos de media que estudian en Liceos Técnicos es de más 350 mil y que de esos, según datos de la Universidad de Valparaíso, un 10% entraría a estudiar en una universidad tradicional. ¿Y el resto? Sigue estudiando en CFT o IP. El sentido común dice que sería atinado fortalecer el sector que más saca profesiones relacionadas a la producción del país.
Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior: Dependerá en conjunto del Mineduc, el Consejo Nacional de Educación, el Consejo para la Calidad, la Subsecretaría de Ed. Superior y la Superintendencia de Ed. Superior. El Sistema crea, además, el Consejo para la Calidad de la Educación Superior, el único ente que viene a reemplazar (o que explícitamente está dicho en el proyecto) a un organismo anterior: la Comisión Nacional de Acreditación. El proceso de acreditación será obligatorio para universidades autónomas, la carrera de medicina, pedagogía y los programas de doctorado.
Gratuidad: Nos aseguraron que sí, que habrá gratuidad universal. Perfecto. El problema es que no hay tiempo plazo definido para esto. Es un endless running de la educación. Los beneficios públicos serán para los estudiantes que por ley cumplan los requisitos, y para las instituciones que tengan funciones de investigación y creación artística. Como punto final, se crea un fondo de las instituciones de Educación Superior, donde va a parar todo el dinero que las financie.
Por ahora, las cosas quedaron así: hasta 2017, el 50% más vulnerable podrá acceder a la gratuidad y entre 2018 y 2019, el 60% más vulnerable podrá acceder al beneficio. Hasta el sexto decil hay plata segura. Los próximos se pasarán según los ingresos fiscales estructurales de Chile y serán evaluados a contar de 2020. El ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, dijo que no se van a aumentar los impuestos ni se harán nuevas reformas tributarias para alcanzar la, a estas alturas, utopía de la gratuidad universal.
Porcentajes más, porcentajes menos, hay un dato a tomar en cuenta y que habla a grueso modo de prioridades: el año pasado el 80% de los aportes de Codelco al fisco fueron a parar a las Fuerzas Armadas, a través de la Ley reservada del cobre. Algo así como 858 millones millones de dólares.
Otro más:
7) Nos dicen que no hay recursos, pero el Estado a través del CAE a transferido a los bancos $2.107.483.000.000 pic.twitter.com/Eop3PRuje2
— CONFECH (@Confech) July 5, 2016
*crédito foto principal: Marcela Contardo Berríos
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