Una cálida mañana, no sólo por la temperatura veraniega, sino que por el ambiente generado en torno a esta prueba. Varios establecimientos designados por el DEMRE, amanecieron sitiados por carabineros. Por un lado la policía vela por el orden público, mientras que secundarias/os luchan por igualdad de condiciones y oportunidades. Buscan cambiar un sistema mal diseñado y segregador, que está vigente desde el 2003.
Entre medio, la clase política habla superficialidades en los matinales de TV.
La revisión denigrante la sufrieron muchos estudiantes. A algunos les retuvieron su carnet, a otras no las dejaron siquiera entrar sus tampones. Quizás el criterio es que no se puede menstruar en días de la prueba. Por otra parte, los establecimientos donde se medirían los conocimientos fueron aleatorios. Estudiantes que viven en la periferia, tenían un trayecto de horas para llegar al lugar señalado. En algunos casos ni siquiera confirmados. El mismo día 27 de enero, 40 minutos antes de realizarse la prueba de matemáticas, se cambió la sede a algunos estudiantes. ¿El aviso? Vía mail. Las condiciones claramente no están. Esta si que no es la forma.
En primera instancia, este proceso de selección universitaria, se realizó el 6 y 7 de Enero. Chile en pleno proceso de crisis y estallido social, debía enfrentar las demandas sociales impuestas al gobierno. En toda la revuelta social, existieron casos de violaciones a DDHH, mutilaciones y asesinatos. Un contexto hostil y en el mejor de los casos poco óptimo para realizar una prueba de este calibre. A pesar de esto, el CRUCH y el DEMRE, siguieron adelante con su propuesta.
Apoyados por el gobierno y la ministra de educación, Marcela Cubillos, la prueba a realizarse la segunda semana de Enero, fue un total fracaso. La PSU fue funada, boicoteada, con previo aviso por parte de estudiantes secundarios. Ellos se organizaron a través de asambleas autoconvocadas y la ACES, entre más organizaciones. Al no permitir la realización de la prueba, a los voceros de la ACES, Víctor y Ayelen, reiteraron que esto fue una movilización contraria al sistema, pero sobretodo porque advirtieron que no estaban las condiciones para aplicar la PSU.
La respuesta del gobierno fue aplicarles la Ley de Seguridad del Estado, a jóvenes de 18 años. Un total de 34 estudiantes fueron querellados por el ejecutivo, ya que al no permitir la realización de un servicio público, esto daba para aplicar la ley bajo el artículo 6 letra C. Atentaron contra el orden público y la seguridad interior del Estado.
Hablamos de jóvenes que se atreven a poner fin a una injusticia. Una prueba que no cumple con los estándares. Y el gobierno, al igual que los manifestantes del estallido social, quiere criminalizar a los estudiantes secundarios. La mirada desmedida y hostil con la que juzgan a estos estudiantes, es de un enemigo poderoso. La diputada Hoffman declaró que debían estar en la cárcel. Sus dichos los puedes ver aquí.
Luego de esto, varios estudiantes, quienes funaron la PSU pasada, tenían prohibido su ingreso y la realización de esta nuevamente. Estaban aislado del resto de estudiantes. A pesar de esto, las vocerías de la ACES llamó a movilizarse de nuevo. Tanto a examinadores, estudiantes y todo aquel que apoye el movimiento.
En primera instancia, se ha logrado de nuevo. Se filtraron las pruebas. Establecimientos cancelaron pruebas y se demostró, nuevamente el descontento social. Pero las autoridades siguen ahí. Silentes. Una ministra, la famosa displicente, no ha dicho nada en esta jornada. El vicepresidente del CRUCH, Aldo Valle, pide que vayan a rendir la prueba de la tarde con total normalidad. “En el 98 por ciento de los locales se pudo rendir la prueba. Eso nos da confianza para afirmar que el proceso continúa sin ninguna otra alteración” comentó cuando dio el balance y aprovechó de desmentir noticias falsas que rondan las redes sociales.
El llamado de las/os secundarios es claro, movilizarse contra este proceso, el sistema actual deplorable y estar en contra del mercado dentro de la educación. “No es nada contra los mismos estudiantes, es contra la prueba (…) Este es el momento histórico de ponerle fin a esta prueba y de realmente empezar a cuestionarnos el mercado de la educación y movilizarnos contra eso” comentó la Ayelén Salgado, ante CHV en una entrevista a Montserrat Álvarez. Quién se empecinó en desacreditar su motivo y velar por el derecho de quienes querían rendirla.
Pero incluso al acceder, la discriminación era notoria en los establecimientos. En la Universidad San Sebastián, existían dos entradas. Una para quienes viven en la comuna, otra para los periféricos. Así lo declara este joven, quien se le asignó aquel lugar. Hasta en estos ejemplos se nota el clasismo y discriminación en este proceso.
El mismo día, cuarenta minutos previos a la prueba de matemáticas, el DEMRE envió correos a los postulantes. Se cambia la sede. Es decir que luego de todo el preámbulo, las funas, el contexto social y la poca organización, los estudiantes deben estar atentos a si se cambia el lugar donde rinden la prueba.
Se reitera, ¿Realmente esta es la forma? A las autoridades les importa el realizar la prueba a toda costa. No pueden ceder ningún paso, a pesar de que se ha demostrado que no están preparados. Menos para esta contingencia. Incluso el rector de la Universidad del Desarrollo, Federico Valdés, cree que este es un mal sistema. Quizás no apoya la movilización NO+PSU, pero si cree que debe cambiarse y ya.
“Es una prueba que no predice bien, que acentúa las diferencias que hay entre alumnos que asisten a colegios públicos y a colegios particulares y que, por lo tanto, debe ser corregida” declaró Valdés en una entrevista a Radio Universo.
De distintos sectores políticos se entiende que esto está mal. Incluso la vez pasada se dio la razón a los estudiantes. Tanto el CRUCH como el DEMRE, anunciaron que sería la última vez que se aplique la PSU. Pero se insistió en terminar este proceso, de forma apurada incluso, y el resultado era más que esperable.
TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR
