En medio de un escenario en donde abundan los extensos e ignorados contratos de términos y condiciones, la venta de bases de datos con fotos de usuarios se ha posicionado como una práctica cada vez más habitual.
La tecnología de reconocimiento facial se ha convertido en una herramienta común en diversas instituciones y organizaciones, tanto del sector público como del privado. Aquel algoritmo que permite activar automatizaciones digitales a través de la asociación de una cara con una identidad, incluso, permaneció en la plataforma de Facebook (actual Meta) por más de diez años, pero en noviembre de 2021, los representantes de Mark Zuckerbeg anunciaron que esta dejaría de funcionar en su red social y que, junto con ello, eliminarían todos los rastros de su software destinado a este ejercicio.
La decisión de la compañía se debió a que detectaron que la empresa estadounidense dedicada específicamente a esta actividad, Clearview AI, desarrolló un programa que permitía la creación de perfiles de los usuarios a partir de fotos que rastreaban por internet, para así reconocerlos automáticamente y luego crear extensas bases de datos.
Si bien, los defensores de esta tecnología argumentan que puede ser útil para labores de seguridad y la automatización de múltiples procesos, los detractores plantean que esta podría significar una violación a la privacidad de las personas, hasta el punto en que ponen en duda la legitimidad de su funcionamiento.
En palabras de la abogada de la Red en Defensa de los Derechos Digitales, Grecia Macías, en una entrevista con Business Insider, “esto ya no es solo una cuestión de ética, debido a que cuando se habla de estándares éticos, muchos piensan que son voluntarios y no obligatorios. Sin embargo, cuando se trata de la tecnología de reconocimiento facial, ya involucra más directamente a los derechos humanos”.
Según un informe compartido por su organización, las autoridades públicas de territorios mexicanos como Ciudad de México, Nuevo León, Coahuila y Aguascalientes, la utilizan para ejercer sus funciones municipales, escenario que Macías describió como “sumamente preocupante, porque es encubierto y eso inherentemente pega en derechos como la privacidad, la libertad de expresión, la asociación y la reunión pacífica”.
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Si bien, las autoridades de dicho país dicen que su uso tiene el propósito de resguardar la seguridad pública, Macías manifestó al citado medio que “aun no queda claro cómo quieren justificarlo”, debido a que, desde su visión, el reconocimiento facial transgrede la vida privada de las personas al identificarlas en cualquier lugar solo a partir de una fotografía o video, situación que es “particularmente preocupante si se pertenece a un grupo vulnerable, eres periodista, defensor o defensora de Derechos Humanos, o alguien no querido por el gobierno o administraciones estatales”. A ese riesgo se le suma la posibilidad de que al “estar en el momento y en el lugar equivocado” en países con altos índices de corrupción, se den las condiciones para “fabricar delitos” con el objetivo de atribuirlos a personas inocentes.
Pero a pesar de que la mayoría de las críticas se sustentan en argumentos sociales y políticos, también se han presentado imprecisiones de carácter técnico, tales como la variación de su efectividad dependiendo de factores como la luz, el clima y el funcionamiento interno de cada aparato. Asimismo, el margen de error aumenta considerablemente cuando se trata de personas trans o con rasgos estéticos muy marcados de un territorio en específico, debido a que, en palabras de la abogada, “este tipo de sistemas tienen sesgos raciales, de género, de clase y demás”.
“El reconocimiento facial no siempre es exacto. Hay que subrayar que es muy bueno con los hombres blancos, muy malo con las mujeres negras y no tan bueno con las mujeres blancas”, expresó la directora del Centro Lincoln de Ética Aplicada de la Universidad Estatal de Arizona, Elizabeth Langland, en una entrevista con Business Insider, para luego agregar que “si solo la vas a poner en zonas que, según tu estigma y prejuicios, son más peligrosas solo porque son barrios más pobres o de clases socioeconómicas más bajas, se puede empezar a fabricar delitos más fácil y a criminalizar a ese tipo de grupos vulnerables”.
Frente a este último punto, el director asociado del Centro Lincoln, Gaymont Bennett, añadió que la ciudadanía confía culturalmente en la tecnología como si esta fuese neutral, pero que aun así, esta “amplifica cosas del mundo real y las cosas del mundo real son racistas y sexistas, así que ahora esta maquinaria hiperpoderosa está amplificando todo”.
Si bien, ya son conocidos los riesgos y beneficios de este sistema en el sector público, ¿qué pasa en el privado? Según Macías, existe un gran número de empresas que se dedican a recolectar rostros para luego venderlos a múltiples gobiernos, los cuales pueden conseguir a través de filtros fotográficos o pruebas en las que exigen detalles de la cara para que los usuarios puedan acceder a su servicio, como por ejemplo, “las típicas que dicen ‘así te verás de viejito’, nadie lee de dónde son y lo que piden realmente”.
En medio de un escenario en donde abundan los extensos e ignorados contratos de términos y condiciones, la experta recomendó “ser críticos a qué o quiénes damos nuestra información”, a través de acciones como “cuestionar dónde está una plataforma y por qué le tengo que dar mi cara y para qué finalidad”. Junto con ello, también invitó a “no usar marcos faciales en celulares, en especial si se va a protestar o salir a las calles”, debido a que “es mucho más difícil que alguien te obligue a poner tu número que a poner tu huella o tu cara”.
“No se deberían usar este tipo de tecnologías, al menos por el Estado, sin que haya una ley que los faculte, ya que son sumamente invasivas”, agregó Macías, para luego sentenciar que, en su opinión, estas “no son compatibles con una sociedad democrática”.
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