Cuando dicen que los streamers más populares de China ganan dinero, es porque efectivamente ganan mucho, mucho dinero, cerca de 30 mil millones de dólares es la cifra que se mueve anualmente en estas plataformas y las autoridades del gigante asiático ya los tiene en el ojo del huracán. ¿Será esta la previa a un cierre de transmisiones? Conoce más en este artículo.
Gran parte de las ganancias que generan los streamers proviene de la comisión que se llevan por promocionar o vender productos, sin embargo, la mayor parte la obtienen de donaciones de sus espectadores. Cantidades que pueden ir desde unos pocos céntimos a casi mil euros de una sola vez, según informa el Wall Street Journal.
Y esto es, efectivamente, lo que tiene de mal humor al Gobierno chino, ya que consideran una falta a los valores del país y un peligro para sus jóvenes que estos streamers puedan ganar tanto dinero con sus transmisiones en directo.
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Y para evitarlo, el Estado planea limitar el gasto diario de los usuarios en este tipo de pagos digitales como también las donaciones que pueden percibir estos influencers, dejándoles un máximo de 1.570 dólares diarios. Como también están evaluando imponer una censura más estricta a los contenidos que comparten.
Según la Asociación de Artes Escénicas de China, el negocio del streaming en el país asiático ronda los 30.000 millones de dólares al año y ha crecido de forma espectacular en los últimos tiempos. De hecho, el Centro de Información de la Red de Internet de China asegura que en torno al 70% de los chinos con acceso a la red consumen este tipo de contenido, lo que supone una audiencia de alrededor de 700 millones de personas.
Menos profesionales, más influencers
Una de las mayores preocupaciones de las autoridades de la potencia asiática es que los más jóvenes sean seducidos por la enorme cantidad de dinero que ganan los streamers y prefieran tratar de convertirse en influencers, en lugar de desarrollar trabajos productivos para el Estado.
Esta medida se sumaría a algunas impuestas anteriormente, como aquella que limita la cantidad de tiempo que los menores pueden jugar a videojuegos. Todo esto mientras el gobierno sigue poniendo sus radares en otras actividades mucho menos reguladas, como la publicidad en plataformas de juegos online que en el último tiempo ha generado altas cifras de denuncias por fraude, publicidad engañosa y contenido sexualizado.
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