Una guía de bolsillo para que entiendas qué diablos pasa con SQM

Una guía para entender en qué punto de la discusión sobre SQM, y los minerales nacionales, estamos.

Con nada más que una boleta falsa, el Fiscal Carlos Gajardo saltó en sospecha mientras investigaba el caso Penta y se redireccionó al actual y más polémico caso: Sociedad Química y Minera de Chile (Soquimich o SQM).

El ex-colaborador del grupo Penta, Pablo Wagner, recibía pagos de su antiguo empleador mientras era subsecretario de minería y lo justificaba con boletas que entregaba su cuñada, María Carolina de la Cerda. Gajardo revisó las declaraciones de impuestos de la cuñada de Wagner. Ahí encontró más boletas a Penta y a SQM, por más de 7 millones de pesos y por trabajos que no se realizaron.

Las sospechas: SQM estaría entregando dinero para financiar campañas políticas de manera ilegal, por debajo de la mesa.

Entre el 2009 y el 2010, se encontraron 19 rut de asesores o participes en las campañas políticas de la Nueva Mayoría y la Alianza por Chile. Esto en estricto rigor sería delito tributario contra el Servicio de Impuestos Internos (SII), cometido por Pablo Wagner, como indicó TVN.

Mientras Wagner hacía ejercicio de sus deberes en la Administración del ex presidente Sebastián Piñera, participó en licitación del litio, la que luego fue adjudicada a SQM, y le significó la salida del Gobierno en 2012.

SQM nació en 1968, en 1971 pasó a las manos de la Corporación de Fomento a la Producción (CORFO) –que en esos años era del Estado– hasta el boom de la privatización en los 80′, fecha en la que se privatizó y pasó a adjudicarse concesiones exploratorias de litio.

Por el 2012 entre la Sociedad de Inversiones Pampa Calichera S.A., Inversiones Global Mining (Chile) Ltda., y Potasios de Chile S.A. (Grupo Pampa), ya controlan el 31,97% de las acciones de SQM. Para entonces el controlador de SQM sería Julio Ponce Lerou, un ingeniero forestal de la Universidad de Chile, y ex yerno del dictador Augusto Pinochet Ugarte, presidiendo el directorio de SQM, Norte Grande, Oro Blanco y Sociedad de Inversiones Pampa Calichera S.A.


De la Cerda confesó ser quien prestaba boletas de honorarios a su cuñado para que su nombre no tuviera lugar en los registros, porque estaba trabajando codo a codo con el gobierno de Sebastián Piñera.

Gajardo estaba interesado en Penta, pero María Carolina entregó más información.

“(Wagner) me dio un teléfono de contacto para que yo le avisara cuando me llegara la plata, para así girar tres cheques por los montos y a las personas que debía girar los cheques, en ese momento, la persona, cuyo nombre no recuerdo, me dio los nombres de Cristina Bitar, Ernesto Silva Bafalluy y Lorena Espinoza. Yo hice la boleta para la empresa Soquimich con la glosa asesorías financieras”.

Es de aquí, entonces, que nace la presunción de que Penta no era la única que se preocupaba de financias campañas políticas (de todos los sectores) de manera irregular con boletas falsas.

Ya con todos estos datos el SII se querella contra los cuñados. Se solicita toda la documentación desde el 2009 al 2014. Pero luego de esto la misma entidad restringe su solicitud a la Fiscalía, entonces sólo se analiza julio del 2009. Para el 16 de enero de 2015 la Fiscalia incauta las oficinas de SQM, y ellos entregan sus libros de contabilidad voluntariamente. De esta manera es como se encuentran 19 ruts que quedan bajo sospecha, de los 240 ruts que emitieorn boletas en 2010, y 39 de ellos tienen relación directa con políticos del país, según analiza Economía para Todos.

De la Nueva Mayoría

Fulvio Rossi (Senador PS), Marcelo Rozas (ex embajador en República Checa, DC), Raúl Castro (CORE DC Arica y Parinacota), Roberto León Araya (hijo del diputado DC Roberto León), Hernán Rivera Letelier (ex candidato a diputado PS).

De Coalición por el Cambio

Un hijo de Pablo Longueira, asesoras de Pablo Zalaquett, una asesora del UDI Jaime Orpís, colaboradores de la campaña presidencial de Piñera, asesoras de Joaquín Lavín Infante, asesor de senador UDI Juan Antonio Coloma, el concejal UDI en Puente Alto Gustavo Alessandri y el CORE PRI por la Región del Biobío, Jorge Brito.

De todos modos si quieres revisar quienes son todos los involucrados, CIPER CHILE tiene una lista detallada.


Ahora recapitulemos…

SQM parte como arista del caso Penta

Carlos Gajardo encontró boletas a SQM mientras investigaba a Pablo Wagner por Penta. Carolina de la Cerda, su cuñada, confesó su participación en el fraude tributario de Penta, y también de SQM.

La investigación a SQM

La empresa fue investigada por emitir boletas ideológicamente falsas para financiar campañas de la nueva mayoría y de derecha.

SII

En SQM se enviaban boletas por trabajos que nunca se hicieron, entonces los pasaban como gastos y esto les rebajaba impuestos y hacían fraude al fisco. El SII se negó a querellarse con SQM porque según el ex director Michel Jorratt “no existían antecedentes suficientes para hacerlo”. Con el tiempo Jorratt declaró que desde el ministerio del interior les estaban pidiendo “que enterrara el caso”.

Tribunal Constitucional

El TC tomó el requerimiento de SQM. Aquí la empresa pedía la suspensión del caso. Quienes tomaron esta decisión fueron: María Luisa Brahm (ex asesora del gobierno de Piñera), Cristián Letelier (ex diputado UDI, involucrado en el caso Penta), Iván Aróstica (ex jefe jurídico del Ministerio del Interior de la administración Piñera), Gonzalo García Pino (DC, ex subsecretario de Marina de Bachelet) y Carlos Carmona (DC, presidente del tribunal).

Qué diablos está pasando ahora

Ahora que todo está más claro podemos comenzar a explicar lo que está pasando.

Durante las últimas semanas, entre el Papa Francisco recorriendo Chile y sus polémicos dichos, un acuerdo entre el CORFO y SQM, da permisos a esta última explotar el litio del Salar de Atacama hasta nada menos que el 2030.

Fueron cerca de cuatro años los que se demoraron en negociar este acuerdo, de la mano del Centro de Arbitraje y Mediación (CAM) de la Cámara de Comercio de Santiago. Ambas partes firmaron cada modificación en los contratos que establecen términos de arriendo y proyectos dentro del Salar.

Este contrato pide que SQM cambie la estructura corporativa, lo que significa sacar del control a Julio Ponce y le da permisos de explotar el litio hasta el 2030.

También la minera tendrá que pagar US$20,3 millones a Corfo, aumentando la extracción del mineral de 350 a mil toneladas. Quintuplicando la producción de SQM en la zona.

El vicepresidente ejecutivo de Corfo, Eduardo Bitrán, dijo que esto permitirá “asegurar amplios recursos para el Estado, las regiones, las municipalidades y las comunidades”.

La presidenta del Consejo de Defensa del Estado, María Eugenia Manaud, explicó que “el acuerdo logrado es más amplio que el resultado esperable en el juicio arbitral y ofrece a Corfo mayores posibilidades de control y fiscalización de la ejecución del contrato”.

Sin embargo, no todos están de acuerdo con esto. Partiendo con las comunidades de la zona, las que están en completo desacuerdo.

Esteban Velásquez, diputado de la zona y ex alcalde de Calama, comentó que este acuerdo va en contra de lo pactado en todos los espacios regionales, ya que en ellos se exigía la recuperación del agua, litio y del royalty del cobre.

“No era necesario este apuro, porque había una clara falta en los cumplimientos por parte de SQM. Nosotros exigimos que no le sigan regalando a Ponce Lerou y a una transnacional el litio. Acá hay una falta de sentido estratégico evidente, yo sospecho de tráfico de influencia y un arreglo grotesco”.

Esto sin mencionar todos los posibles daños para el medio ambiente.

Estas fueron algunas de las reacciones.

Por su parte el presidente del Partido Radical, Ernesto Velasco, calificó de error este acuerdo. Álvaro Elizalde, timonel del PS, aseguró tener dudas sobre este acuerdo.


La renuncia de Gajardo y Norambuena

El hecho más reciente y lamentable, es que los fiscales a cargo del caso, Carlos Gajardo y Pablo Norambuena, renunciaron al Ministerio Público ya que encontraron tratamientos de impunidad en los casos de “platas políticas”.

A través de una carta, ambos fiscales reprochan la conducta de la institución ya que pese a sus esfuerzos se niegan a entregar alguna sanción penal frente a los hechos que involucran a las altas esferas del mundo político chileno.

“Lamentablemente, a pesar de estos logros, las mayores derrotas las tuvimos al interior de la propia Fiscalía de Chile ante sus más altas autoridades, quienes no acogieron nuestra tesis”.

“Se ha impuesto pírricamente la postura de no intentar obtener una sanción penal proporcional a la gravedad de los hechos para personas respecto de las cuales existe fundamento serio para presentar acusación en su contra”.

“Erróneamente la Fiscalía ha renunciado a ejecutar los actos procesales para intentar obtener una condena penal que eviten impunidad para hechos que causan un daño a la democracia. Creemos que con ello se dañará seriamente la confianza de los ciudadanos en el Ministerio Público”.

Aquí puedes leer la carta con la que dejaron de pertenecer al Ministerio.

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