Ni el Colegio Médico, ni otros miembros del gremio, saben cómo se regulan los precios de las consultas psiquiátricas en Chile. Pero en muchas instituciones, por menos de una hora con un especialista en salud mental se paga un cuarto del salario mínimo. En el sector privado sólo hay 53 psiquiatras en todo el país que atienden con la Modalidad Libre Elección, es decir, con convenios con FONASA. Muchos hablan hoy del elevado costo de la salud mental, pero ¿quién se hace cargo? Hablamos con psiquiatras y académicos -y alerta de spoilers- no tienen respuestas tampoco.
Desde que comenzó la pandemia, la psicóloga clínica Daniela González (39) ha sido testigo de cómo la demanda de su consulta comenzó a aumentar. En el acompañamiento que realiza a muchos de sus pacientes, varios son derivados a psiquiatras como parte complementaria del tratamiento. “Hay doctores que cobran por sobre los cien mil pesos”, dice González. Por esa razón, la psicóloga tuvo que optar por trabajar con médicos que están terminando su beca de psiquiatría que cobran mucho más barato.
El precio se está volviendo un obstáculo para muchas personas que no pertenecen al sistema público y que tampoco tienen todas las herramientas para acceder al sistema privado por el alto costo que eso significa.
En su primera cuenta pública del 1 de junio, el presidente Gabriel Boric volvió a enfatizar en la salud mental como una prioridad, una de sus banderas de campaña, anunciando una inversión de $36.000 millones en Centros de Salud Mental a lo largo de Chile. Fortaleciendo además el Programa de Apoyo a la Salud Mental Infantil. Lo anterior no es un anuncio menor, considerando que actualmente el presupuesto anual dedicado a salud mental en Chile es de 2,4%, pese a que lo recomendado por la OMS es que sea mayor a 5%.
De acuerdo al sondeo Un año sin Covid-19 realizado por Ipsos en 2021, Chile se posicionó como el segundo país donde más empeoró la salud mental de sus habitantes. Algo similar evidenció la encuesta Termómetro de la Salud Mental en Chile realizada por la ACHS y la Universidad Católica en agosto de 2021, donde el 24% de los encuestados afirmó que sospechaban de tener un problema de salud mental, y de ellos, un 75% no había consultado todavía con un especialista.
En el caso de los pacientes de FONASA que desean atenderse con bono, es un arduo proceso el poder acceder a esta especialidad, principalmente debido a la poca disponibilidad de horas y de especialistas en el sistema. Según constató un reportaje de BioBioChile, hoy en día se contabilizan 2.438 psiquiatras en Chile. De ellos, solo 53 atienden con Modalidad Libre Elección, o sea, comprando un bono en recintos privados que tengan convenios con FONASA.
Hay zonas donde solo hay un psiquiatra que atiende con MLE, como sucede en Arica y Parinacota, O’Higgins, Maule, La Araucanía, Los Lagos, Aysén y Magallanes. En otras regiones como Tarapacá, Atacama, Ñuble y Los Ríos, simplemente no hay especialistas que entreguen atención con esta modalidad.
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POUSTA realizó un sondeo de los precios actuales de las consultas particulares y con bono FONASA en algunas clínicas de la Región Metropolitana. El resultado fue que los precios de consultas particulares -tanto de niños como de adultos- pueden ir desde los $40 mil (Hospital del Profesor) hasta los $105 mil (Clínica Los Andes).
En el caso de los recintos privados que atienden con FONASA, los valores de las consultas fluctúan entre los $25 mil (Hospital del Trabajador) y $40 mil (Clínica Dávila). Esto teniendo en cuenta lo que mencionamos antes: no todas las clínicas tienen convenios con FONASA, además de que la disponibilidad de horas en esta modalidad es escasa.
Por lo tanto, si en Chile una persona quisiera ir al psiquiatra particular tendría que gastar de su bolsillo un monto promedio de $72.500. Es decir, una persona debe desembolsar alrededor del 20% del sueldo mínimo actual.
¿Quién determina el precio de la salud mental?
Carlos Sciolla, psiquiatra y miembro del directorio de la Sociedad Chilena de Salud Mental, habló con POUSTA sobre el alza de valores en esta especialidad. A título personal, el especialista cree que esto se debe a que “en este momento, el mercado ha resuelto que algunas personas están en condiciones de pagar los $70 mil que piden los médicos que están en el sistema privado, pero si usted le pregunta a ellos (los psiquiatras), no quieren reconocer eso”.
Pablo Espoz, director de la Sociedad de Psiquiatría y Neurología de la Infancia y la Adolescencia (SOPNIA), añade que también ha subido la demanda por atención a urgencias, “así como también por camas de hospitalización psiquiátrica (…) Al haber menos psiquiatras, muchas clínicas seguramente, sí han subido los precios”.
El doctor Alfonso Correa, jefe de Psiquiatría de la Clínica Alemana, concuerda con que el costo de las atenciones privadas es alto, “pero si lo comparamos con otras atenciones de salud no es que sea más del general”.
Sin embargo, a modo de ejemplo y para el cierre de este reportaje, en Red Salud Vitacura una consulta con un dermatólogo, un ginecólogo o un traumatólogo se cotiza alrededor de los 45 mil pesos, versus los casi 70 mil del psiquiatra.
Espoz y Correa señalan que el incremento en los precios se da por razones multifactoriales, y no existirían muchos datos puntuales para analizar la problemática. Y aunque el primero destaca que FONASA tendría un rango estándar de cobro comparado con las isapres y sus reembolsos, no hay una regulación desde el gremio, ni del Colegio Médico.
En esto coincide también Carlos Sciolla: no hay un sistema que regularice los costos de los psiquiatras particulares. “Es muy importante entender que no hay esta regulación por la forma que tiene el país desde los años ’80, cuando con la dictadura apareció la jibarización del Estado y donde supuestamente es el mercado el que se regula. Sabemos que el mercado no se auto regula”.
Correa sostiene que este “no es un tema fácil”, considera que el acceso sí debiera serlo. “Idealmente, deberían haber precios menores que faciliten el acceso y no que hagan que cada persona se las arregle como pueda”. El profesional trabaja en el COSAM de Pudahuel, por lo que también posee la experiencia de trabajar en el ámbito público de la psiquiatría.
Espoz agrega que el sistema de previsión público sería mejor en algunos casos. “Me ha tocado muchas veces atender a pacientes en la consulta privada donde sería mucho más preferible que se cambiaran a FONASA. Porque ahí al menos tú tienes la salud pública, en donde la salud mental está muy bien estructurada”, opina. “Allí hay equipos, grupos, existen hospitales con una multidisciplinariedad que está forjada. Todo eso, versus la clínica privada, donde si tienes que ir a un psiquiatra, un psicólogo, o una fonoaudióloga, lo tienes que hacer por separado”.
Pero la cosa no sería tan fácil: para el 13 de septiembre del año pasado, según datos de BioBioChile, habían 7.640 pacientes en la lista de espera en la Modalidad de Atención Institucional (MAI).
Espoz critica la cobertura de las isapres, estas y “las compañías de seguros históricamente dedicadas a la salud mental la han rechazado porque comprenden que no es un negocio, no hay una ganancia neta. Todos los planes de isapre tienen una cobertura muy baja en salud mental, por lo tanto, los costos que tienen que desembolsar los pacientes, los copagos, son altos”, explica.
La escasa data que existe sobre el financiamiento, sumado a los testimonios de especialistas que señalan diversas falencias en el sistema, revelan que la crisis de salud mental está desatada y ya no es la mal llamada “pandemia invisible”. Como en muchos de los problemas sociales que afectan a nuestro país, el resultado de políticas públicas que no regulan de manera efectiva el acceso a servicios básicos tan esenciales como la salud, las termina sufriendo la ciudadanía. Son las personas las que terminan pagando el alto precio del bienestar, literalmente.
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