Este lunes te contamos sobre la pérdida de la selva amazónica por parte de las nuevas políticas de Bolsonaro donde quita protección al máximo -y casi único- pulmón que le queda a nuestro planeta.
La reducción del 40% de las tierras del Amazonas en comparación con las hectáreas perdidas el año pasado, también puso en riesgo a las comunidades indígenas residentes del lugar. La semana pasada, el líder de la tribu Waiapi murió asesinado por la intervención de mineros ilegales en tierras protegidas, haciendo que las alarmas internacionales sonasen de forma urgente.
En su cargo como alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, la ex presidente pidió una investigación por este crimen, afirmando que se trata de “Un síntoma inquietante del creciente problema de la invasión de las tierras indígenas, especialmente bosques, por mineros, madereros y agricultores en Brasil”.
La ex mandataria también instó a Bolsonaro a que reconsiderase su política gubernamental de exploración minera en tierras vírgenes de la selva.
El mismo día, Bolsonaro respondió que “no hay evidencia del aseisnato del líder indígena”, desacreditando las cifras respecto a la deforestación. Para él, estas son una invención del primer mundo para hacerse de los recursos de Brasil.
“Brasil vive de las materias primas”, dijo Bolsonaro el lunes. “¿Qué tenemos aquí además de los productos básicos? ¿La gente no recuerda esto? Si el negocio (de los productos básicos) falla, será un desastre” dijo.
“Mi intención es regular la minería, para legalizar la minería, incluso para los indígenas que tienen derecho a explotar minas en su propiedad. La tierra es indígena y esa es su tierra”, dijo Bolsonaro a los periodistas el lunes. “Por supuesto, las ONG y otros países no quieren esto. Quieren que los indígenas permanezcan atrapados como en un zoológico, como si fueran humanos prehistóricos”, agregó.
Según Amazon Watch, una organización de defensa sin fines de lucro que trabaja para proteger los derechos de la selva y los pueblos indígenas, se han presentado al menos 14 casos de avances ilegales en territorios indígenas por parte de acaparadores de tierras, madereros y mineros ilegales en todo Brasil en los primeros tres meses del año.