Ayer y por 71 votos a favor y 62 en contra (más 8 abstenciones) se aprobó la idea de legislar que sanciona a las personas que hacen daño a los medios de transporte público y su infrasestructura asociada. Acá puedes ver quienes votaron a favor, en contra, y quienes se abstuvieron.

La iniciativa es creación de los senadores Francisco Chahúan (RN) y Juan Pablo Letelier (PS), quienes extrañamente no se han manifestado mucho, o nada en realidad, para defender su creativa idea.

Lo primero es decir que no se aprobó la famosa ley, se aprobó en general, y ahora se debe empezar a discutir respecto de ella. Depende de la urgencia que se le de o no lo arriba o abajo que quede de los demás proyectos.

Las penas asociadas a esta posible ley intentan dar una pena de entre 61 y 540 días + multas de un poco más de un millón de pesos a quienes atenten contra buses, trenes, embarcaciones, aeronaves o cualquier medio de transporte público. Si bien eso no suena nada tan raro, lo que llamó la atención es que dentro de la Ley había una parte del proyecto que consideraba castigar también a quienes pegaran un sticker en las micros. Lo absurdo del detalle hizo que la ley fuera bautizada ridículamente como #LeySticker.

Lo cierto es que tan “detalle” no es, de llegarse a aprobar la multa también es de poco más de un millón de pesos “a quienes pinten o graben con mensajes, firmas, rayados, dibujos u otras figuras o expresiones, escritos, inscripciones o grafismo”.

Uno de los parlamentarios que más en contra se ha manifestado contra la Ley Sticker es el diputado Félix González, del Partido Ecologista Verde, que ya en diciembre cuando se empezó a discutir esto, dijo: “No se trata de que uno esté a favor o en contra de quemar una micro, estamos en contra de quemar una micro, pero eso ya está penado. Hay una moda de unos niños, de 14 a 16 años, que consiste en pegar unos stickers que ellos mismos hacen. Es una corriente artística. Lo pegan en postes o en la señalética, sin taparla. Si uno piensa que esa conducta hay que castigarla con 60 días de cárcel, yo no estoy disponible para eso”.

En general, la crítica más reiterada al proyecto, aparte del evidente despropósito de cobrarle a alguien 1 millón de pesos por poner un sticker (lo mismo que por quemar una micro) es el momento en que el parlamento debate y además aprueba este tipo de iniciativas, justo en la mitad de una pandemia que exige de su parte medidas y discusiones que vayan en pos de resguardar la salud y la economía de las familias más vulnerables.

*Foto portada: Gabriel Aiquel