De 15 personas violentadas con el químico durante el año pasado en el país caribeño, 14 fueron mujeres, mientras que solo en enero de 2022 se reportaron 4 casos. Las escasas medidas efectivas del sistema público dificultan la aplicación de sanciones a los agresores, hasta el punto en que los ataques ni siquiera son registrados por la policía cuando una afectada entra en un recinto médico.
República Dominicana es el segundo país de América Latina y el Caribe con más femicidios. Según cifras de CEPAL, 2.4 de cada 100 mujeres fueron asesinadas en 2020, mientras que solo un año más tarde, la Fundación Vida Sin Violencia y el gobierno informaron que de las 81 violentadas en 2021, 62 de los crímenes fueron a manos de sus parejas. En el territorio, solo Honduras supera estas cifras con un 4.7%, es decir, casi el doble.
Es conocido el hecho de que los femicidios son el resultado de una cultura patriarcal que atenta contra las vidas de mujeres alrededor del mundo, pero un elemento en particular se suma al riesgo constante para las habitantes de dicho país.
Le llaman “el ácido del diablo”, una sustancia corrosiva que, según una investigación de El País, se compone de un grupo de ácidos, disolvente de pintura para autos y un líquido para destapar tuberías. Según datos del hospital Luis Eduardo Aybar de Santo Domingo, 14 de las 15 personas violentadas con este combinado durante el año pasado fueron mujeres, mientras que ya se reportaron 4 casos más hasta la fecha en 2022.
“Puede afectar los huesos y órganos vitales como el hígado y los riñones, así como causar ceguera y deformación permanente del rostro y otras partes del cuerpo”, detalló el director de la Unidad de Quemados Pearl F. Ort. del centro médico, Eddy Bruno, para luego añadir que la gran mayoría de los casos de quemaduras con sustancias químicas son de afectadas que “llegan por una agresión por violencia de género” frente a la que posteriormente deben enfrentar “secuelas físicas y psicológicas para toda la vida”.
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A pesar de que la presencia del compuesto es conocido en República Dominicana, las autoridades aún no toman acciones concretas en torno a la distribución, las condenas por su uso y los tratamientos de secuelas físicas y psicológicas de las sobrevivientes.
A pesar de que el 30 de noviembre de 2021 la procuradora general de dicho país, Miriam Germán Brito, pidió a los fiscales que otorguen la pena máxima de 30 años de prisión para quienes utilicen la mezcla química con fines de ataque y de que en 2010 se prohibió la venta de componentes que permitan su creación, las medidas demuestran no ser efectivas.
En una entrevista con un medio de comunicación local, uno de los distribuidores de este compuesto manifestó desde el anonimato que vende un aproximado de 20 botellas al día y cada una en cerca de $8 dólares, es decir, $6.450 pesos chilenos, mientras que desde el gobierno no disponen de cifras oficiales exactas que reúnan los casos de personas quemadas con el ácido del diablo.
Según declaró la portavoz de la Dirección de Violencia de Género del Ministerio Público a El País, Ana Villa, estiman que el 89% de las mujeres agredidas no denunciaron sus casos durante el último año, un factor al que la jueza de la Comisión de Violencia de Género del Poder Judicial, Nancy Salcedo, añadió que “se trata de un problema cultural, de una sociedad patriarcal y hasta de un tema económico. En los juzgados nos encontramos con mujeres atacadas que nos piden que liberemos al perpetrador, porque ese hombre es quien mantiene a sus hijos”.
A eso se le suma la sobrecarga de los sistemas policiales y de salud pública, hasta el punto en que el país no cuenta con protocolos para notificar a las autoridades correspondientes acerca del ingreso clínico de mujeres afectadas por violencia. Junto con ello, la asesoría legal para este tipo de casos tienden a tener un valor que es prácticamente inaccesible para la mayoría.
Tal es el caso de Yomaira Aquino (26), a quien su victimario le tiró ácido del diablo mientras dormía con sus hijos. Según comentó a El País, recién se enteró de lo que había pasado cuando la dieron de alta dos meses después de la agresión, mientras que esta nunca fue informada a las autoridades cuando entró al recinto médico.
“La policía nunca presionó para que los sospechosos confesaran y a mi pareja la dejaron libre a los tres días”, relató, “los inspectores del cuerpo policial tampoco vinieron a mi casa, ni hubo investigaciones”.
Incluso, ella misma debió asumir los gastos de salud, mientras que su cara, al igual que las de otras mujeres que son atacadas con el químico, sufrió grandes quemaduras que se tradujeron en deformaciones, las cuales muchas veces son irreversibles.
Tanto ella como otras fuentes consultadas por el citado medio manifestaron que respecto a ese último punto, también tienen que lidiar con la discriminación para encontrar trabajo debido a su aspecto físico. Y si bien, existen organizaciones que ayudan a las afectadas a que puedan acceder a una reconstrucción facial, ninguna de ellas se dedica específicamente a apoyar a quienes han sido violentadas con el ácido del diablo.
“No se trata de vivir toda la vida de caridad, se trata de derechos”, sentenció Mirian Santana, quien investigó personalmente a su agresor ante la ineficiencia de la policía y logró recaudar evidencia necesaria para que se le otorgaran 15 años de prisión, es decir, solo la mitad de la pena exigida por la procuradora general de República Dominicana a los fiscales del país.
Si eres víctima o testigo de violencia en Chile, puedes llamar al 1455 para comunicarte con personal capacitado por el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género. Encuentra más información haciendo click aquí.
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