La vida sexual y reproductiva de la mujer en el último tiempo, al menos en nuestro país, se ha visto vulnerada: al comienzo de la pandemia la receta online se convirtió en un problema que entorpeció el acceso a los anticonceptivos, en agosto del 2020 una falla en un lote de pastillas entregadas por el Estado causó más de 100 embarazos no planificados y ahora, como si fuera poco, los precios en el mercado aumentaron un 20%, obligando a algunas a buscar estos tratamientos en redes sociales o en la feria del barrio. La desigualdad en el acceso a la salud para las mujeres vuelve a doler y aquí cuatro de ellas lo cuentan en sus propias palabras.
Fue a principios de abril cuando se viralizaron las denuncias de cientos de mujeres que se veían imposibilitadas de comprar sus anticonceptivos, todo esto porque el tener receta médica se convirtió en un requisito para obtenerlos de manera online, cuando nos mandaron a confinamiento. Las críticas llovieron, e incluso gremios como la Agrupación Ginecólogas Chile se manifestaron en contra de la medida en sus redes sociales alegando una vulneración a los Derechos de las mujeres.
Incluso la Ministra de la Mujer, Mónica Zalaquett, salió a pedirle explicaciones al Instituto de Salud Pública al respecto, pidiendo revertir la medida. Ante esto, el ISP afirmó que la normativa ya existía en el Código Sanitario ¿Entonces qué fue lo que pasó? La exigencia de prescripciones para este tipo de medicamentos rige desde antes de la pandemia, pero no fue hasta hace poco que llegó a ser de conocimiento público. Y desde el cambio de regulación en su distribución, es que al menos en su venta online las tres cadenas de farmacias más grandes del país exigen marcar una casilla antes del pago que actúa como consentimiento informado y que sirve para confirmar el conocimiento de la Ley N°21.167 que establece medidas para facilitar la adquisición de remedios en el contexto de una alerta sanitaria por epidemia o pandemia.
Sin embargo, el requisito de las prescripciones médicas no es la única traba que las chilenas han enfrentado en el último año para abastecerse de anticonceptivos. Según el informe Variación en los Precios de los Anticonceptivos Orales en Latinoamérica durante el 2020 publicado por Miles Chile en julio recién pasado, un 49% de las mujeres encuestadas -de un total de más de mil- percibió un aumento de precio en sus pastillas.
Si durante el 2020 su gasto promediaba los 12 mil pesos, hoy ya llega a los 14 mil y sigue subiendo. Esto significa que en plena pandemia, en Chile las mujeres deben gastar un 18,8% más para acceder a sus métodos anticonceptivos orales. Stephanie Otth, coordinadora de investigación de la corporación a cargo del estudio, cuenta que además la mitad de las participantes de este informe señalaron que durante la pandemia se dificultó el acceso a las prestaciones de salud sexual, “siendo la principal razón el aumento percibido en los precios, y la dificultad para acceder a ellos en los consultorios”. Aquí cuatro mujeres no sólo hablan de economía, sino que humanizan el miedo y la desconfianza a un sistema que no garantiza ni protege su salud sexual.
Altos precios, desconfianza y comercio negro: el mercado de la salud sexual femenina
Valentina (23, Peñaflor) toma anticonceptivas desde los 15, pero desde hace 5 años que tiene que hacerlo de forma obligatoria para tratar el desorden hormonal que le deja otro tratamiento farmacológico. En farmacias de cadena el precio del anticonceptivo Serenata 20 (Clormadinona/ Etinilestradiol) que debe consumir mensualmente, promedia los 20 mil pesos. Hasta hace unos meses podía comprarlo en la farmacia popular de su comuna por un tercio del precio normal, pero a raíz de la pandemia dejaron de llegar porque “es muy caro conseguirlos”, le dijeron. Como no le queda otra alternativa, tuvo que recurrir al mercado negro de este tipo de medicamentos.
Una amiga le pasó el contacto de una vecina que vende estas pastillas a un precio menor que el de las farmacias, pero esta también subió sus valores. “No sé de dónde las saca, pero esta es mi única opción”, cuenta. Así como Valentina, son miles las mujeres que deben recurrir a conseguir sus tratamientos hormonales de manera irregular, como en redes sociales o las ferias libres.
Las palabras claves para conseguir anticonceptivos de forma online son “cremas corporales”. Algunos nombres son más creativos: cremas anti bebés, cremas para mujeres de todas las edades, o cremas para cuidar a la mujer. Las fotos de los anuncios muestran decenas de cajas de distintas pastillas y hasta inyecciones, algunas incluso llegan a cientos. ¿Cuál es la razón de este lenguaje secreto? Varias redes sociales y sitios de venta prohíben en su plataforma la comercialización de “productos de venta con receta, drogas y relacionados”. Aún con estas restricciones, basta con una búsqueda rápida para abastecerse de pastillas, inyecciones y hasta de Dispositivos Intrauterinos de forma online.
Lo mismo pasa en ferias libres, donde junto a las cajas de Paracetamol e Ibuprofeno, se ofrecen hasta muestras médicas de anticonceptivos como Femelle, Tinelle o Anulette a precios mucho más convenientes que en el mercado. Es debido a esto que Loreto (28, Maipú) “se choreó” de conseguirlos en farmacias y a pesar de los peligros de comprar medicamentos en lugares sin regulación alguna, prefería comprárselos a su casera de la feria que pagar el sobreprecio que tienen en las cadenas.
Los peligros -además de que sean robadas-, es que estén vencidas o hayan perdido su eficacia por las condiciones precarias en las que pueden haber estado almacenadas, explica Stephanie Otth: “El principal riesgo pasa por cómo asegurar su calidad/estado y por no poder contar con una consejería en anticoncepción, algo que es fundamental para tomar decisiones de manera informada”.
Sin embargo, estos riesgos no sólo están presentes en aquellas pastillas conseguidas fuera del mercado regular. Conocido en Chile es el caso de más de 100 mujeres que quedaron embarazadas tras la entrega en la red primaria de salud de pastillas defectuosas de la marca Anulette CD (Laboratorios Silesia y Andrómaco). El error en el envasado de 15 lotes distribuidos en consultorios de todo el país y que significó incluso el reemplazo de comprimidos activos por placebos, terminó costándole una multa de 66 millones a los laboratorios involucrados por parte del Instituto de Salud Pública, y daños irreparables a las vidas de las mujeres que resultaron con embarazos no planificados producto de su negligencia.
Esto también minó la confianza de las mujeres y tras destaparse el escándalo, Paulina (25, Pudahuel) comenzó a desconfiar de este método y evaluó cambiarlo por el miedo a que no sólo las que son entregadas por el Estado tuvieran fallas, sino que también aquellas que ella compra mes a mes en la farmacias. Antes de empezar a trabajar, era su mamá quien la ayudaba a comprarlas. A pesar de que hoy cuenta con ingresos propios, se cambió a un bioequivalente para gastar menos. Aún así, tiene que desembolsar 16 mil pesos mensualmente en la opción más barata.
Agobiada por este gasto, Paulina averiguó sobre otros métodos más convenientes para su bolsillo. Su mejor alternativa era el Implanon, anticonceptivo de larga duración que es insertado vía subcutánea y que tiene apenas un 0,05% de margen de fallo (menos de 1 embarazo cada 100 mujeres por año). Las píldoras en cambio, provocan -según datos del Colegio Americano de Obstetricia y Ginecología- de 6 a 12 embarazos cada año, teniendo un 9% de posibilidades de fallar.
ISP autorizó la venta de anticonceptivos sin receta médica 💊
Aunque estadísticamente su porcentaje de fallo es mucho menor, Paulina terminó optando por las pastillas porque ha conocido varios casos de mujeres que a pesar de tener el implante quedaron embarazadas y aunque en el largo plazo este sea más conveniente que las pastillas (dura 3 años y cuesta alrededor de 180 mil pesos de forma particular), el miedo la convenció de no cambiarse: “prefiero mil veces que el error provenga de mí porque olvido de una dosis, a que el error sea porque el método anticonceptivo no sea tan efectivo y yo no tenga el control de ello”, cuenta.
Cambiar de método anticonceptivo también es un problema para muchas. Este proceso incluye pedir una hora, realizarse exámenes y volver a consultar con un doctor, lo que además de tomar semanas o hasta meses, puede costar mucho dinero. En el caso de Valentina por ejemplo, debido a otras condiciones médicas sí o sí debe consultar con un profesional antes de modificar su tratamiento hormonal. Esto para ella es un impedimento, ya que a pesar de tener opciones bioequivalentes, estas podrían traerle efectos adversos indeseados si el cambio es repentino: “No quiero gastar plata en un doctor para tener que ahorrarme plata en el futuro, es muy estúpido”, cuenta.
No sólo el tiempo y el dinero condicionan la manera en que las mujeres se hacen cargo de su salud sexual y reproductiva. La diferencias entre tomar pastillas, inyectarse, ponerse un implante o un Dispositivo Intrauterino (DIU) pueden ser radicales dependiendo del cuerpo, y el administrarse este tipo de medicamentos sin supervisión y de manera indiscriminada pueden provocar daños graves a la salud como desórdenes hormonales y hasta trombosis.
Resignadas a un método conceptivo que no las convence del todo, e incluso sin poder escoger uno que les acomode por sus altos precios, el acceso a la salud sexual sigue siendo tema para las mujeres en Chile. Belén (34, San Miguel) por ejemplo, tiene dos hijos y optó por no tener más. Para cuidarse, quería administrarse la inyección anticonceptiva cuya duración es de 3 meses pero su precio la frenó: en la actualidad puede encontrarse desde los 48 a los 60 mil pesos. Hoy admite que su alto costo es lo que la mantiene sin usar anticonceptivos: “no los tomo porque están muy caros. La inyección sale como 60 lucas, casi me desmayé con ese precio”, relata.
Según el estudio publicado por Miles Chile, un 12,5% de las encuestadas afirmó que su razón para no usar anticonceptivos orales es la alza en sus precios. Además, los datos indican que un 61% de quienes sí las consumen las consiguen en las farmacias contrastando con el número de quienes acceden a ellas gratuitamente mediante el servicio estatal de salud: sólo un 8,9%. Esta cifra, concluye el informe, “demuestra la validación hacia las farmacias y la posible desconfianza y desinformación respecto a los servicios de salud pública”.
¿Qué se puede hacer entonces para mejorar el acceso a la salud sexual en nuestro país? La investigadora Stephanie Otth, afirma que la clave está en fortalecer el acceso a la anticoncepción gratuita. A través de la diversificación de las alternativas y aumentando los puntos de distribución, aclara la investigadora, el sector público podría garantizar una mejor salud reproductiva para todas.
En cuanto a los privados, agrega, “nos parece importante que se estudie y descarte un alza injustificada en los precios de las pastillas. Desde ahí que se evalúe la posibilidad de considerarlos insumos de salud esenciales, resguardando su precio para que sea accesible para todos y todas”. Si esto fuera complementado con una mayor educación sexual integral, las mujeres tendrían mayor decisión sobre sus propios cuerpos.
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