Esta semana la Cámara de Diputados aprobó en general el proyecto que busca despenalizar el aborto en Chile hasta las 14 semanas de gestación. Aunque es un avance, todavía existe un grupo al margen de la Ley: Paulina Bravo, abogada y presidenta del Observatorio de Derechos Sexuales y Reproductivos de las personas con discapacidad (ODISEX), explica por qué es necesario incluirlas en la discusión.
El martes 28 de septiembre fueron cientas las mujeres y disidencias que con motivo de la conmemoración del Día de Acción Global por un Aborto Legal, Seguro y Gratuito, marcharon en Plaza Italia alzando pañuelos verdes y celebrando que unas horas antes, el proyecto de ley que busca despenalizar el aborto en Chile fuera aprobado en general por la Cámara de Diputados.
Entre esa multitud enardecida estaba la abogada Paulina Bravo, caminando firme por la Alameda de la mano de su pareja y guiándose por su bastón guía, su compañero desde que perdió la vista a los 24 años debido a una retinitis pigmentosa. “Yo voy a todas las marchas y siempre hay una nula presencia de mujeres con discapacidad y una nula reivindicación de nuestras luchas”, dice la hoy también candidata a diputada por el distrito 10.
Desde hace años Paulina es activista por los derechos sexuales y reproductivos de las personas con discapacidad los que, afirma, a pesar de estar consagrados a través de un puñado de acuerdos internacionales de DD.HH. firmados por el Estado de Chile, “nos encontramos con que a las personas con discapacidad no sólo se les niega el ejercicio de su sexualidad en igualdad de condiciones con las demás personas, sino que además se les priva de sus derechos reproductivos”.
Con respecto a la Ley de aborto en tres causales promulgada en 2017, aunque esta menciona a las personas con discapacidad la legislación da espacio para interpretaciones que vulneran el consentimiento y dejan la decisión de abortar en manos de otros basados en el principio de la interdicción, declara Bravo: “Si la mujer ha sido judicialmente declarada interdicta por causa de demencia, se deberá obtener la autorización de su representante legal, debiendo siempre tener su opinión en consideración, salvo que su incapacidad impida conocerla”, detalla la Ley N° 21.030 -uno de los sólo dos párrafos que mencionan la palabra “discapacidad” en todo el texto-.
El mismo año que esta legislación entraba en vigencia, ingresaba al Congreso un proyecto que lleva cuatro años durmiendo en la Cámara de Diputados, y que busca modificar la Ley que regula los derechos y deberes de los pacientes en el sistema de salud chileno, además de reformar el Código Penal para “prohibir y tipificar como delito la esterilización permanente de personas discapacitadas menores de dieciocho años de edad”.
En Chile, todavía está permitido realizar intervenciones quirúrgicas para esterilizar a personas con discapacidad sólo considerando la voluntad de sus familias e independientemente de si son o no menores de edad. Estas son además aprobadas por equipos médicos -muchos de ellos del sistema público de salud-, denuncia la abogada.
Reportaje: Encarceladas por abortar 📌
¿Cómo avanzar hacia políticas públicas que efectivamente resguarden sus derechos sexuales y reproductivos? Para Bravo, el cambio primero tiene que ser cultural y provenir también desde las mujeres y el feminismo: “Si la Alameda se llenara con la cantidad de mujeres que marchamos el último 8M antes de la pandemia para exigirle al Estado que pare la violación de Derechos Humanos contra las mujeres con discapacidad, y así dejaran de gastar sus recursos fiscales cometiendo una vulneración tan grande, yo te aseguro que esto pararía. Pero nosotras no contamos con las otras mujeres. Entonces, ¿qué significa eso? Que nos dan un trato asistencialista que no deja de ser patriarcal”, expresa con rabia.
¿De qué manera afecta la infantilización de las personas con discapacidad en la limitación del ejercicio libre de su sexualidad?
“Yo defino la infantilización hacia las personas con discapacidad como una lápida, porque en estricto rigor nos mata y no nos permite ejercer nuestros derechos en igualdad de condiciones con las demás personas. La Ley, los pactos de Derechos Humanos nos reconocen como sujetos de derecho, pero en la sociedad, las costumbres sociales y culturales nos amarran y nos condenan a seguir siendo sujetos de asistencia. Las familias muchas veces ejercen a mi juicio una sobreprotección tóxica y así comenzamos también como sociedad a considerar que las personas con discapacidad son niños y tenemos que cuidarlos. Y la sexualidad para un niño es peligrosa, porque los niños no tienen sexo. Negarnos este derecho es una forma de castración. ¿Así cómo vamos a ejercer nuestros derechos reproductivos?”
Esa infantilización también se traduce en la invalidación del consentimiento en procedimientos médicos como lo son el aborto y la esterilización. Me imagino que esto puede generar situaciones donde la opinión de las personas con discapacidad no sea tomada en cuenta o que se les someta a estos procedimientos en contra de su voluntad.
“La Ley del aborto en tres causales castiga enormemente a las mujeres con discapacidad. A una chica de 14 años se le entregan mayores facultades que a una mujer adulta con discapacidad, y se tiene que necesariamente llegar a un tribunal a pedir permiso para abortar. Esta es una decisión extraña considerando que somos el grupo humano que tiene la mayor cantidad de víctimas de violencia sexual. O sea, ni siquiera se tomaron en cuenta esos análisis objetivos científicos para considerarnos.
Lo otro es que efectivamente como no se considera nuestra voluntad, esta está anulada haya o no haya interdicción. Las personas con discapacidad somos de plano consideradas interdictas, y la interdicción no es otra cosa que un asesinato civil a un ser humano que está vivo, que respira, que piensa, que pestañea, y que se le dice “usted no tiene derecho a decidir nada sobre su vida”. Algún día me gustaría dejar de tener que contar estas historias, pero lamentablemente en el siglo 21, todavía sigo viendo en las carpetas de Tribunales de Familia medidas de protección en favor de un recién nacido, cuya causa es tener una madre con discapacidad. Entonces si por ejemplo la mamá tiene una discapacidad intelectual, es un peligro para esa criatura recién nacida y se la quitan.
Claro, y además no sólo se presume que no pueden hacerse cargo de un hijo, sino que también que no son capaces de consentir una relación sexual.
“Sí, se presume inmediatamente que esta mujer que parió un hijo fue víctima de violación. Conozco un caso muy terrible de una chica de 23 años que mantuvo por mucho tiempo una relación con una pareja mucho mayor que ella y al que metieron preso por violación luego de que ella quedó embarazada. Ella siempre dijo ´es mi pololo. ¿Por qué no me puede gustar un hombre de 40 años, mayor?´. Ella lo decidió, pero su decisión fue absolutamente invalidada, al extremo que el padre de su hijo fue privado de libertad porque a ella nadie le creyó que eligió que ese fuera el padre de su hijo, que ese fuera el hombre con el que ella había tenido relaciones sexuales.
Entonces, para llegar al aborto primero necesitamos el libre ejercicio de nuestros derechos sexuales, porque el sistema de salud y el Estado nos desprotegen y nos ponen barreras mucho más altas que a las otras mujeres para poder defendernos de una aberración tan grande como la vulneración sexual. Y en muchos casos, las mujeres con discapacidad están obligadas a parir el hijo de un violador”
Cuando se habla de aborto y discapacidad, el tema siempre es la eugenesia y el niño que está por nacer, pero nunca es acerca de quien quiere o no tener ese hijo. ¿Cómo podemos cambiar esta visión?
“La Ley no consagra todo y aquí se necesita un cambio cultural urgente porque se está poniendo en riesgo a muchas mujeres, simplemente porque la propia sociedad nos invisibiliza. Ahora, yo creo que hay también una responsabilidad desde el propio activismo feminista. Cuando se discutía la Ley de aborto, yo preguntaba cuál es el rol del feminismo frente a las demandas de las mujeres con discapacidad. ¿Y sabes qué? Fue impresionante porque me topé con muchas mujeres que me respondían ´bueno, es que la discapacidad es tarea de todos, no solamente de nosotras´, y yo les decía ´quiero una respuesta de una feminista, no de Don Francisco´. Con la Teletón se ha jugado con el mismo concepto del ´esto es tarea de todos´
Las personas con discapacidad también somos parte de los movimientos feministas y mientras ellas avanzan veinte pasos, nosotras nos quedamos marcando veinte metros más atrás. A las mujeres con discapacidad el Estado nos sigue haciendo las mismas cosas que nos hacían antes de la Primera Guerra Mundial, antes de que incluso el mundo reconociera que existían los Derechos Humanos.
A una sociedad como la chilena le conviene las esterilizaciones forzadas por ejemplo, porque piensan que en la medida que se sigan realizando van a nacer menos personas con discapacidad. Eso es una repudio aberrante contra nuestra condición humana. Lo mismo con la decisión de abortar: El aborto sí o no, eso lo decido yo”.
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