De los 160 parlamentarios que participaron en el sufragio, solo ocho se opusieron a la normativa, la cual dice explícitamente que castigará a mujeres que “hayan provocado su propio aborto o hayan dado su consentimiento a otra persona para que lo lleve a cabo”, hasta el punto en que podrían enfrentar una pena cercelaria de mínimo cinco años.
Durante la noche de este martes 8 de marzo, el Congreso de Guatemala aprobó una ley que prohíbe el matrimonio homosexual y la materia de diversidad sexual en los colegios, además de aumentar las penas de cárcel para las mujeres que se sometan a un aborto.
Aquel documento, catalogado como Ley para la Protección de la Vida y la Familia, contó con el apoyo de la gran mayoría de los 160 parlamentarios, mientras que solo ocho de ellos sufragaron en contra.
Para que esta medida entre en vigor, solo falta la ratificación del presidente Alejandro Giammattei, quien es parte del partido conservador Vamos, del cual 102 de sus representantes en el Parlamento estuvieron de acuerdo con la normativa.
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Según detalla explícitamente la ley, también denominada iniciativa 5272, se considerará culpable a las mujeres que “hayan provocado su propio aborto o hayan dado su consentimiento a otra persona para que lo lleve a cabo“, hasta el punto en que podrían enfrentar, como mínimo, una pena de cinco años de prisión.
A eso se le suma la prohibición de contenidos educacionales que no manifiesten que “la heterosexualidad es lo normal” y la imposibilidad de “matrimonios entre personas del mismo sexo”.
Por ahora, el panorama para las mujeres y minorías sexuales en el país centroamericano es incierto, porque al menos, dentro del oficialismo, los conservadores son mayoría.
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